Las personas con VIH están en riesgo en Venezuela por demoras del régimen de Nicolás Maduro en el manejo de los recursos de amparo, concluye un informe publicado este martes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Nathalie Sayago – AFP
El texto señala que las víctimas y los abogados entrevistados plantearon su inquietud al Alto Comisionado sobre el manejo de los recursos de amparo por los tribunales, debido a que se presentan considerables demoras que afectan su efectividad, particularmente en casos de demandas de medidas cautelares para evitar daños irreparables.
Hace mención a varios casos en los que a los tribunales les llevó más de un año responder sobre la admisibilidad de las solicitudes de amparo para poder adquirir urgentemente medicamentos antirretrovirales.
«El Acnudh fue informada, por ejemplo, de que al cierre de este informe no se había admitido una aplicación de amparo que fue presentada por 307 personas con VIH en diciembre de 2017 exigiendo acceso a medicamentos antirretrovirales», agrega.
Asimismo, afirma que recibió denuncias sobre la falta de compromiso por parte del régimen en la aplicación de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como ejemplo, señala que las autoridades no han llevado a cabo una acción eficaz con el fin de dar cumplimiento a las medidas acordadas el 21 de agosto de 2019 con respecto a la Maternidad Concepción Palacios y el 18 de marzo de 2019 con respecto hospital nacional infantil J.M. de los Ríos.
«La falta de transparencia y acceso a la información sobre los indicadores sociales y económicos y la asignación de fondos públicos es un obstáculo muy importante para realizar un análisis exhaustivo del nivel de cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos económicos y sociales», señaló el texto..
Independencia del sistema judicial está socavada
El informe también concluye que la independencia del sistema judicial del país ha sido socavada, lo que contribuye a la impunidad y a la persistencia de las violaciones de los derechos humanos.
La ONU estima que la independencia del sistema de justicia ha sido socavado por la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política.
Sin embargo, el Alto Comisionado constata que la fiscalía ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad.
Y añade: «Aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género».
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Redacción Maduradas
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