Un operativo de seguridad se ejecutó el pasado lunes 12 de noviembre en la torre Viasa, edificio de la antigua aerolínea Viasa que fue invadido por unas 200 familias. El procedimiento dejó como resultado siete fallecidos y 60 detenidos.
Foto: Runrun.es.
La mayoría de las familias que habitan esta edificación se dedican al negocio de la comercialización de tostones; allí pelan, rebanan y fríen los plátanos para distribuirlos por toda Caracas.
Dichas familias fueron sorprendidas en horas de la tarde por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes allanaron el inmueble en busca de unos supuestos delincuentes que minutos antes le habían disparado en el rostro al oficial agregado José Antonio Canales a quien despojaron de su arma de fuego orgánica, en un hecho ocurrido en la avenida Bolívar Sur 21.
Canales fue llevado al hospital José María Vargas, donde recibió atención médica.
La versión oficial sobre esta incursión, ofrecida por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, refiere que los cuerpos de seguridad ingresaron al edificio para dar con el paradero de los pistoleros, quienes se habrían resguardado en ese lugar; sin embargo, delincuentes se enfrentaron a ellos y el saldo fue de siete decesos.
Pese a lo informado por los cuerpos de seguridad, familiares de los fallecidos aseguraron que en el sitio no se registró ningún enfrentamiento y denunciaron que se trató de un ajusticiamiento por parte de los uniformados.
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Testigos aseguran que los funcionarios retuvieron a los hombres que estaban en el edificio, los llevaron hasta la planta baja, les ordenaron colocarse la parte de atrás de sus franelas sobre sus cabezas como especie de capuchas para impedirles ver los rostros de los uniformados. Mientras tanto, tenían a las mujeres encerradas en un solo cuarto.
Abajo le pedían a los hombres entregar sus documentos de identidad, al parecer iban verificando por radio para determinar quienes tenían antecedentes, estaban solicitados o bajo régimen de presentación.
Aseguran que los efectivos subieron hasta el décimo cuarto piso con los hombres que habían escogido previamente y después se escucharon las detonaciones.
Los fallecidos fueron identificados por sus familiares en la medicatura forense de Bello Monte y son: Deivinson Fernández, de 22 años; Asley Flores Rodríguez, de 41 años; Johan Alberto Mijares Izquiel, de 22 años; Alexis Richard Lozada, de 31 años; Maibert Jesús Roca Castro, de 20 años; Johanni José Rocca Gil, de 37 años; y Vladimir de Jesús González García.
La esposa de Fernández resaltó el estado en el que se encontraba el cadáver de su pareja en la morgue: «Tenía la cara destrozada, la boca abierta y rota, los ojos llenos de sangre”.
Para el padre de Mijares, el hecho fue «una masacre». Mencionó que su hijo estaba bajo régimen de presentación por el delito de hurto y debía cumplir seis horas de servicio comunitario, lo que lo colocó como uno de los seleccionados para ser ajusticiado.
González García y Flores Rodríguez, tenían registro policial por el delito de porte, detención u ocultamiento de arma de fuego, revelaron oficiales de la PNB.
Familiares de Roca Castro señalaron que él no vivía en el edificio, pero iba con frecuencia porque trabajaba en el negocio de los tostones, también fue obligado a subir para ser ejecutado porque estuvo detenido hace siete años por un hurto, detallaron.
Lozada tampoco vivía en el edificio, iba porque allí residía su madre y también trabajaba con la venta de tostones. Actualmente estaba bajo régimen de presentación.
Por su parte, la familia de Rocca Gil destacó que el hombre estaba cuidando a sus hijas cuando llegaron los uniformados, quienes los separaron y, tras llevarse al hombre que pedía con insistencia llevar su biblia por ser de religión cristiano evangélico, le dispararon. Presuntamente, era el único sin registro policial.
Un pariente de Rocca Gil destacó que los oficiales quisieron obligarlo a vestirse con un uniforme policial e identificar a los presuntos delincuentes que estaban escondidos en el edificio, pero él se negó, creen que ese fue el motivo para asesinarlo.
También hubo un sobreviviente, quien contó a los medios de comunicación que cuando subían a las personas con registro policial les pedían algún objeto de valor para perdonarles la vida; él les ofreció una laptop, pero cuando fue a su apartamento «se la habían llevado» posiblemente los uniformados que entraron antes; sin embargo, aún estaba el par de zapatos que había comprado recientemente en 15.000 bolívares soberanos, entregó el calzado y logró salir airoso, detalló.
Los cuerpos de seguridad señalaron que en el procedimiento se incautaron una escopeta, dos revólveres y cuatro pistolas; sin embargo, los habitantes de la zona defienden a los occisos al señalar que no atacaron a los uniformados y eran personas sanas, destacaron que fueron colocadas las armas en diferentes lugares del edificio para simular un enfrentamiento.
Familiares aseguraron que irían hasta la Fiscalía General de la República para hacer las respectivas denuncias, indicaron que el procedimiento se llevó a cabo sin ningún tipo de orden judicial.
Redacción Maduradas.