Provea denuncia situación de pobreza en Venezuela ante la ONU. Rafael Uzcátegui intervino en la sesión pública de Organizaciones No Gubernamentales, dentro de la evaluación que al Estado venezolano hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DECS).
“La gestión del presidente Nicolás Maduro ha generado un aumento significativo en la cantidad de personas excluidas en el país”.
La afirmación la hizo el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, al intervenir en la sesión pública de Organizaciones No Gubernamentales, dentro de la evaluación que al Estado venezolano hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DECS), dependencia adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, sobre la observancia a las garantías ciudadanas.
“En las últimas cifras oficiales difundidas que corresponde al año 2013, la pobreza se había incrementado en un 6,7 % lo que significó que un total de 416.326 hogares se incorporaron a la gran población de pobres que padecen a diario la exclusión social. No conocemos los datos de pobreza del 2014, pero la persistencia del deterioro de diferentes indicadores económicos como el de una tasa de inflación general de 68 %, que en el sector de alimentos fue del 100 %, tuvo consecuencias negativas en la capacidad adquisitiva de los venezolanos, especialmente en los sectores más vulnerables. Aunque no han sido divulgados los datos del año 2014, las proyecciones económicas para este 2015 sostienen que la inflación general superará el 100 %”, expresó Uzcátegui durante la audiencia efectuada en el palacio Wilson, en Ginebra, Suiza, agregando que tales registros arrojarán como resultado que Venezuela tenga la misma cantidad de personas pobres que existían en el año 2000.
El ponente dijo que el contexto venezolano en el cual se verificaba la evaluación era desfavorable para la satisfacción de los derechos sociales, “debido a la severa disminución de ingresos públicos, la dependencia de importaciones para cubrir necesidades básicas, una creciente devaluación de la moneda que genera elevados índices de inflación, y una gestión de gobierno en la cual se han acentuado tendencias antidemocráticas y autoritarias expresadas en la negativa del Estado a un diálogo plural y democrático con todos los sectores de la sociedad venezolana”, puntualizó Uzcátegui.
Además, en esta 55 sesión de la DECS, el alto vocero de la ONG Provea denunció una militarización interna de la gestión pública y la aplicación de medidas no constitucionales contra los derechos de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica.- “A diferencia de la situación de los derechos sociales en Venezuela que existía antes del año 2013, hoy existe un acelerado proceso regresivo de los avances realizados entre 1999 y 2012 en materia de inclusión social por el efecto de medidas económicas con severos costos sociales y la persistencia de políticas incoherentes, ineficaces e ineficientes que han demostrado pocos resultados a pesar d ellos cuantiosos recursos invertidos”, indicó el delegado.
Uzcátegui mencionó que a dicha realidad se unía la falta de información pública, junto con permanentes campañas de descalificación y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, asistentes, como en su caso, a las instancias regionales y universales de protección.
También fue señalado por el representante venezolano el “desconocimiento” de garantías consagradas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fundamentados en la Carta Magna, manifestando que no poseían una normativa específica para su cumplimiento o la que establecida era ignorada.
“Por ejemplo, la inexistencia de una ley que regule la existencia de una sistema nacional público de salud por el cual el Estado garantice el acceso a toda la población a los centros de salud públicos, a tratamientos y medicinas. Hoy en Venezuela la salud se encuentra al alcance solo de quien tenga dinero para costearla, violando lo expresado en nuestra Constitución”, indicó.
Igualmente, el expositor se refirió a la omisión a los derechos de las minorías étnicas relativos a la consulta previa de las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales presentes en sus territorios. “Desde el año 1999, diferentes proyectos de extracción minera, energética y maderera en territorios indígenas han sido aprobadas por el Gobierno venezolano y no se ha realizado ningún proceso de consulta previa como lo establece tanto la Constitución como el Pacto”, acotó el portavoz de Provea.
Uzcátegui formuló, asimismo, un rechazo a lo que tildó como “campañas de hostigamiento contra las organizaciones independientes de la sociedad civil”. “Nuestras comunicaciones privadas han sido intervenidas y difundidas en medios públicos, y nuestra presencia en Ginebra y en otros espacios del sistema universal y regional de protección a los derechos humanos ha sido calificada por altos voceros del Gobierno como parte de un plan desestabilizador de injerencia extranjera contra las instituciones venezolanas”, destacó.
“Todos los avances en la lucha contra la pobreza logrados por el presidente Hugo Chávez están desapareciendo bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro”. sentenció, finalmente, Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, al participar en Suiza en la sesión pública del proceso evaluativo al Estado venezolano ventilado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DECS) de la ONU para comprobar el cumplimiento de las garantías ciudadanas.
Con información de El Nacional.