La principal política económica del Gobierno ha sido la intervención de empresas para llevarlas a la ruina. Solo el año pasado, el Ejecutivo aplicó más de 200 ocupaciones en el país.
Los ataques a la propiedad privada no solo consisten en expropiaciones. Los comisos de mercancía, las intervenciones y ocupaciones y los cierres de empresas son castigos de uso frecuente gracias a la legislación vigente, pero su aplicación constituye una violación a un derecho constitucional, reseñó El Estímulo.
Foto: El Estímulo.
El Observatorio de Derechos de la Propiedad, una iniciativa de la Asociación Civil Liderazgo y Visión y Cedice Libertad, contabiliza desde el año 2005 las violaciones a la propiedad privada cometidas por organismos del Estado, entendidas como la vulneración o desconocimiento de cualquier tipo de tenencia. El año pasado se contabilizaron 107.954 ataques, lo que se traduce en 296 acciones diarias.
Estas cifras incluyen: 9 expropiaciones, 219 ocupaciones o intervenciones, 65.433 fiscalizaciones, 13.887 multas, 296 comisos, 96 invasiones, 14 regulaciones confiscatorias y 28.000 cierres de empresas.
Las expropiaciones, aunque se mantuvieron iguales que el año anterior, siguen siendo una herramienta familiar para el Gobierno. El año pasado pareció preferir las ocupaciones -que además han sido incluidas en varias leyes como elemento sancionatorio-, que pasaron de 38 en 2014 a 219 al cierre de 2015.
La primera expropiación del año se produjo en mayo, cuando por orden de la Presidencia el Gobierno adquirió forzosamente los hoteles Ausonia y Edwards. Posteriormente, en julio, se tomaron unas plantas de distribución ubicadas en La Yaguara, Caracas. En agosto, la Alcaldía de Libertador intervino el Centro Clínico Médico de Caracas, en Catia.
El grueso de las ocupaciones se ejecutaron sobre inmuebles y terrenos para el usufructo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicó El Estímulo.