Directivos de Conindustria y Cedice Libertad aseguran que el estado de emergencia económica decretado el viernes por el presidente, Nicolás Maduro, es una arremetida contra los empresarios, pues amplía las atribuciones del Ejecutivo y pone en riesgo la libertad económica y el derecho a la propiedad privada.
El presidente Nicolás Maduro decretó “estado de emergencia” por 60 días, ante la crisis económica que asfixia a Venezuela.
“Pedimos que no se apruebe tal cual como fue presentado, eso implicaría un enorme riesgo de desacelerar aún más la economía.”, afirmó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, según El Nacional.
El directivo aseguró que uno de los errores que hay en el decreto es catalogar la situación económica actual como excepcional, extraordinaria y coyuntural, ya que, a su juicio, el gobierno abonó el camino para que ocurrieran los desequilibrios actuales con la implementación de controles de cambio, de precios y de distribución de alimentos.
“Los preceptos del decreto son equivocados y lo que deriva de allí es peligroso. Dicen que hay una inflación inducida, cuando el aumento de los precios es el resultado de la política del Banco Central de Venezuela de emitir dinero inorgánico cuando no hay suficiente producción de bienes. También dicen que hay un valor ficticio de la divisa, cosa que no existe. Ficticio es el dólar a 6,30 bolívares, que cuando se va a solicitar no está”, precisó.
Señaló que el numeral 7 del artículo 2 que le da al Ejecutivo la potestad de pedirle a las empresas que produzcan más es una burla. Además, rechazó que el numeral 8 del mismo artículo le permita al gobierno requerir bienes privados que considere necesarios para atender la emergencia económica.
Isabel Pereira, sociólogo y directora de políticas públicas de Cedice Libertad, coincidió con Olalquiaga sobre las restricciones que establece el nuevo decreto y aseguró que se trata de un texto político que no busca solucionar los problemas económicos.
“El gran objetivo del decreto es permitir en todo el territorio el libre acceso de la población a los productos, bienes y servicios para así acabar con la inflación, la escasez, el acaparamiento. Si la consigna es liberar el acceso sin que exista un sano intercambio entre oferta y demanda, lo que está propiciando es el saqueo del patrimonio de los productores, procesadores, comerciantes”, advirtió la especialista, quien también es miembro del Observatorio de Propiedad Privada.
Datos del observatorio reportan que entre noviembre de 2005 y 2011 las violaciones de la propiedad cometidas y permitidas por el gobierno suman 2.549 casos. Además, entre marzo y junio del año pasado se registraron 569 actuaciones oficiales contrarias a la propiedad privada.
Con información de Sumarium / El Nacional.