El diputado del Psuv por el estado Aragua, en la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, denunció este lunes a la empresa Ovomar, ubicada en la población de Santa Cruz, en el municipio Lamas, de Aragua, de botar tres millones de huevos de gallina y sumarse así a la “guerra económica”, reseña AVN.
«Tres millones de huevos de gallina que fueron tirados a la basura, por decisión de los dueños de esta empresa, quienes dejaron vencer esos huevos que tenían almacenados desde el mes de octubre de 2015 y a estas alturas siguen con esa práctica», reveló Molina.
Foto: @omarmarrerove
Durante el programa Pueblo Legislador, transmitido por Radio Nacional Venezuela, desde la sede de la Industria Endógena Venezolana de Papel (Invepal), en Maracay, el diputado Molina señaló que diferentes empresas privadas contribuyen a generar escasez.
«Señalamos y denunciamos empresas privadas que siguen tratando de conspirar contra el pueblo, que quieren que sus productos se venzan para que pasen a condiciones de no consumo humano y luego botarlos o destinarlos a otros procesos industriales», enfatizó el parlamentario.
Asimismo subrayó que la empresa Ovomar incurre en la venta de los productos de forma ilegal a precios elevados «el precio del cartón de huevo es de 844 bolívares, sin embargo ellos lo venden bajo cuerda a sus clientes en más de 2.000 bolívares y llega a las mesas de las familias en 3.000 bolívares» dijo.
En cuanto a la empresa dedicada a la producción de productos cárnicos Servipork, también ubicada en la zona industrial de Santa Cruz, detalló que se recibieron denuncias de que los productos se dejaban vencer, para luego ser procesados como alimento para animales.
«Esta es una posición profundamente irresponsable y conspiradora, es un boicot contra la tranquilidad de nuestro pueblo, porque lo que producen prefieren destinarlo a cualquier otro uso, antes que darlo al consumo humano, para seguir afectado la carencia de alimentos» declaró.
El diputado revolucionario instó a las autoridades gubernamentales, al cumplimiento de las leyes estipuladas en la Constitución Bolivariana, para sancionar estas acciones de saboteo.
«Hacemos un llamado a la conciencia y funcionamiento de toda la sociedad para poder solventar estos momentos difíciles que la patria atraviesa. El que quiera hacer dinero especulando al pueblo y burlándose de las leyes va a tener que pagarlo con la Constitución y leyes en mano», expresó.
Molina destacó que debe propiciarse la incorporación de la comunidad organizada, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la clase trabajadora, para garantizar la distribución a precios justos de los alimentos.
En la entidad se encuentran activos 537 Clap, que se han sumado a la tarea de producir y distribuir los alimentos al pueblo.