La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició este jueves las audiencias públicas en las que se determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Composicion Maduradas/ Foto: EFE.
En la sesión de hoy testificaron representantes de la sociedad civil venezolana ante el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de Estados miembros, pero no participará porque no quiere «validar» una actividad que considera «ilegal», según explicaron a Efe fuentes de esa misión.
Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo y lo hace a iniciativa de Almagro, no de los Estados miembros.
El abogado argentino Ocampo, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de todas las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.
La abogada defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, manifestó en su intervención que los discursos del presidente Maduro, así como de funcionarios del Gobierno como Aristóbulo Istúriz y Diosdado Cabello, «son violentos».
Por otra parte, señaló que al diputado opositor Gilber Caro «le violaron su inmunidad parlamentaria y lo mantienen preso».
Dijo que en Venezuela «hay víctimas que sufren torturas desde psicológicas hasta físicas en lugares como La Tumba en Plaza Venezuela, en Caracas».
Agregó que a estas personas (los torturadores) «no les importa que las personas torturadas sean niñas o mujeres. El 5% de estos torturados son menores de edad; 222 personas fueron torturadas por estar manifestando».
«Personas han denunciado que son alimentadas con agua de lentejas. Dicen que han rebajado entre 15 y 20 kilos de su peso corporal», enfatizó.
Por su parte, el director ejecutivo de Visión Democrática, Francisco Márquez, expresó que «la vida del diputado Gilber Caro está en riesgo, está aislado, desnutrido en una celda 2×3».
«En el Sebin lo primero que consigues son personas torturadas y traumatizadas», agregó.
Denunció que en Venezuela «buscan decirte que si denuncias estas torturas le perjudicas la vida a otro preso político», dijo.
Mañana habrá otra audiencia similar, en la que testificarán militares venezolanos exiliados.
Las siguientes sesiones no están todavía programadas, pero antes del 30 de octubre analizará la información obtenida un panel de expertos que aún no está configurado, indicaron a Efe fuentes de la OEA.
Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Si lo hacen uno o varios Estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera «comunicación» (algo que puede presentar cualquier persona o institución) sino de una «referencia» (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).
Con una «referencia», la Fiscalía de la CPI debe abrir, automáticamente, un examen preliminar, explicaron a Efe fuentes de La Haya.
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