José Ignacio Hernández, procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó en el extranjero, dijo que no usaría el fondo de 20 millones de dólares que aprobó esta semana la Asamblea Nacional controlada por la oposición para los litigios que buscan proteger los activos extranjeros del país de las demandas de los acreedores.
Los activos en el exterior, incluido Citgo, han estado en la mira de los bonistas por el retraso en los pagos de Venezuela y por empresas que buscan compensaciones por las nacionalizaciones de sus bienes. La oposición, además, presentó una demanda en una corte de Estados Unidos para impugnar la validez de un bono respaldado con acciones del refinador estadounidense.
José Ignacio Hernández dijo en una carta al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que no haría ningún pago debido a que la votación del martes, que aumentó de 3,5 millones a 20 millones de dólares los dineros del fondo, no tuvo todo el apoyo de los partidos oposición.
En la misiva del 29 de enero, al abogado además puso su cargo a la orden. Hernández declinó hacer comentarios sobre el tema, mientras que un portavoz de Guaidó dijo que no tenía una respuesta inmediata a la carta.
El martes, los diputados del partido opositor Primero Justicia objetaron la aprobación del aumento del fondo porque no se detallan los litigios y por la falta un contralor. El resto de las organizaciones políticas, incluida Voluntad Popular -a la que pertenece Guaidó-, lo avaló.
Los 20 millones de dólares forman parte del dinero que está congelado en cuentas en Estados Unidos que pertenecen al gobierno de Maduro.
Redacción Maduradas con información de Reuters
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