Según un artículo publicado en El País, muchos de los negocios del empresario colombiano Alex Saab llevan a México, específicamente a círculos de poder político y económico de esa nación.
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Aparentemente, la red de negocios del barranquillero habría tenido un punto «neurálgico» en suelo mexicano, desde donde gestionó millonarias transacciones con petróleo venezolano a cambio de toneladas de alimento producido en México. La trama recién descubierta habría movió $64 millones en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas. Así lo reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
En junio del año pasado, ya se habría revelado, gracias a una investigación conjunta hecha por El País y Armando.info, que las autoridades mexicanas fueron «cruciales» para que funcionaria la referida red de intercambio de crudo por alimentos y que se encargó de mover millones de dólares por todo el mundo. La red fue disfrazada como acuerdos de ayuda humanitaria, pero tales pactos nunca se hicieron públicos, a pesar de que contaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, y con la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Se pudo saber que la trama habría incorporado a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, precisamente, por hacer negocios con el régimen madurista y Pdvsa, así como por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales.
Se estima que, entre 2019 y 2020, al paralelo que funcionó la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el envío de alimentos a Venezuela por un valor de $64 millones y que terminarían en las cajas y bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Sin embargo, ya desde 2016, se registró el monopolio de empresas mexicanas que enviaban productos de baja calidad para los CLAP venezolanos. En 2018, estas empresas fueron sancionadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, pero se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios”. Aun así, en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al régimen madurista.
Redacción Maduradas con información de El País
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