Este viernes 15 de diciembre venció el plazo para que los políticos opositores soliciten al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por el régimen de Nicolás Maduro— la revisión de sus inhabilitaciones y así poder postularse y ejercer cargos de elección popular en el país, cuando en 2024 se celebrarán, además, elecciones presidenciales.
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De acuerdo a lo apuntado por el diario El Nacional, desde el 1 de diciembre, cuando comenzó el plazo, según lo acordado entre el régimen chavista y la oposición a través de la mesa de negociación instalada en Barbados, se conoce de, al menos, dos «opositores» que pidieron a la Sala Político Administrativa del TSJ la revisión de sus casos. Ellos son: el periodista Leocenis García y el exalcalde de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos.
Aunque muchos otros líderes de la oposición también figuran como «inhabilitados», el centro de la atención nacional e internacional es María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre y, por tanto, la candidata presidencial unitaria de los grandes partidos que adversan al chavismo.
Sin embargo, la coordinadora nacional de Vente Venezuela enfatizó, el jueves 14 de diciembre, que no se presentará este viernes ante el TSJ.
“¿Acudir al TSJ mañana? Los lapsos legales los establece la ley; no el régimen. Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo”, afirmó en una entrevista concedida a VPITV.
En concreto, el TSJ una vez recibida las peticiones, revisaría las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición, así lo anunciaron el jueves 30 de noviembre las partes.
La medida permitía a María Corina Machado, quien ganó la primaria opositora del pasado 22 de octubre, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.
En resumen, los inhabilitados debían introducir un «recurso contencioso-administrativo» y una solicitud de «amparo cautelar» durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre. Es decir, el plazo vence este viernes 15 de diciembre.
Luego, el TSJ debía pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al régimen madurista para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.
«No he visto ningún progreso todavía, pero quedan ocho horas en el día, así que veremos qué han decidido hacer los venezolanos», afirmó entonces el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el chavismo y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado para condiciones electorales en las presidenciales de 2024.
Asimismo, las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.
ACATAR EL MARCO CONSTITUCIONAL
El propio jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, había asomado que podría producirse «un mecanismo» para lograr habilitaciones políticas, pero horas después Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo descartó.
Sin embargo, en este último acuerdo alcanzado se pidió a los inhabilitados que recurrieran la medida «respetar la Constitución», «honrar y defender la patria», «acatar el marco constitucional» del TSJ y «rechazar cualquier forma de violencia» y acciones que atenten contra la soberanía.
«POR AHORA»
Sin embargo, la respuesta de Machado fue que no tiene «nada que recurrir» ante el TSJ, «por ahora», para que la habilite a participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Machado aseguró, en rueda de prensa del 6 de diciembre, que no ha cometido «ningún delito» y que «no hay ningún acto» que pueda recurrirse, porque —subrayó— «ni siquiera» ha sido notificada de su inhabilitación, que data de 2015 y fue extendida, recientemente, hasta 2030, lo que le impide inscribirse a los comicios del próximo año.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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