Un grupo de expertos independientes manifestó su gran inquietud ante las acusaciones de violaciones graves de derechos humanos durante las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Varios organismos de supervisión, incluyendo observadores electorales invitados por el gobierno, expresaron su preocupación por la falta de transparencia y veracidad.
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«Encontramos un alto grado de indefensión entre ciudadanos, defensores de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición. La información recibida indica que esta situación se da en un contexto caracterizado por el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte de la Procuraduría General de la República en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos», observaron los expertos.
Señalaron que antes, durante y después de las elecciones se registró una oleada de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y persecución de opositores políticos, opositores percibidos y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.
Además, destacaron que después de las elecciones, la gente se unió de manera pacífica para manifestar su insatisfacción por las anomalías electorales. Más de 1.300 detenciones arbitrarias fueron reportadas, incluyendo niños, personas mayores, personas con discapacidades, pueblos indígenas y mujeres. También se reportaron desapariciones forzadas y al menos 21 muertes por armas de fuego presuntamente cometidas por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Advirtieron que la aprobación de una ley nacional para el control de la sociedad civil no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación. Esto se sumaría al uso indebido de cargos de terrorismo en una jurisdicción especial de terrorismo que ya existen. Además, mencionaron limitaciones en algunas de las principales plataformas de mensajería y medios de redes sociales.
Los expertos afirmaron que existen pruebas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, el cual descuida el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquier persona crítica con el Gobierno. Piden a las autoridades que detengan de inmediato estas prácticas, garanticen la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, eliminen la censura y otras formas de hostigamiento y inicien investigaciones independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos. Las empresas, como proveedores de internet y aplicaciones informáticas, no deben permitir ni facilitar esas violaciones.
En los últimos cinco años, los expertos escribieron 22 cartas al Gobierno que ilustran una situación general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La mayoría de estas cartas aún no han sido contestadas. Sobre estas cuestiones, los expertos están en contacto con el Gobierno de Venezuela.
Redacción Maduradas
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