A casi siete años de la inauguración de la primera procesadora, Bravo Casique Yaracuy, existe una “subutilización” de las infraestructuras de la industria pública. No por falta de estructuras o de financiamientos, sino por la de incentivos y garantías de seguridad hacia el sector primario y compromiso de quienes tienen las riendas de las instalaciones. La planta Leander, procesadora de maíz para elaboración de harina precocida, completó el grupo de 10 industrias contraídas por el Gobierno y en convenio con Irán. Entre 2007 y 2012 se consolidó una fase del proyecto de soberanía agroalimentaria y propuesta de desplazamiento del sector privado con expropiaciones a corporaciones mexicanas (Monaca y Demaseca), y confiscaciones a nacionales (Pronutrico, Proarepa). Los resultados de producción están en cuentas del MAT.
En ese sentido, el profesor de Ciencias Sociales y Económicas de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, Noberto Rincón, señaló que es necesario revisar si dichas empresas trabajan a su máxima capacidad, los tres turnos, las 24 horas, tal como se obliga a la empresa privada.
Rincón exhortó a apoyar la agroindustria privada dado que “el mecanismo que implementó el Gobierno falló”. La política de querer “asumir la responsabilidad (de producción) no puede ser desplazando o expropiando para luego prácticamente destruir”. Reconoció que hubo planificación para las instalaciones, pero faltó la asesoría, seguimiento y respuestas a toda la cadena productiva.
A pesar de que el régimen insiste en la llamada Guerra Económica, los porcentajes de producción demuestran lo contrario. El sector agrario mostró retroceso en las cosechas de maíz y marcada inestabilidad en la producción. Fedeagro reportó, con cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, que de dos millones 995 mil toneladas registradas en 2008, descendió a un millón 981 mil en 2009. Hecho sucedido en terreno abonado por la política de “recuperación de tierras ociosas” e intervenciones de fincas.
Para 2010 la cosecha de cereal asomó una recuperación de casi 500 mil toneladas. Pero la realidad del campo continuó y aumentó con efectos causados por el cambio climático. Entre 2011 y 2012, con dos millones 117 mil toneladas y un millón 752 mil toneladas de maíz, se aceleró la caída de la producción. Los productores advirtieron la necesidad de rectificación en las medidas oficiales de control de precios, inseguridad jurídica e inflación que sometía los costos de producción
La escasez se acentuó, inclusive en otros rubros de primera necesidad. A marzo se registró 26,9 por ciento, según el BCV. El Gobierno responsabilizó al sector privado de acaparar y causar una “guerra económica” para desestabilizar.
Con información de La Verdad