La ONG FundaRedes aseguró que, al menos, 44 personas han sido asesinadas entre 2019 y 2023 en el contexto de la minería ilegal que se lleva a cabo en los estados Amazonas y Bolívar.
Reuters
En su último informe, titulado: “Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas”, la organización explicó que esos homicidios fueron cometidos por grupos armados irregulares (GAI), tanto de origen colombiano como venezolano. Asimismo, también señalan a efectivos de las Fuerzas Armadas.
“De esas 44 muertes violentas, 20 víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11 casos) y Bolívar (9)”, detalla el texto.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela, citado por el informe, expresó en el 2022 su preocupación por el aumento de homicidios contra indígenas en Amazonas, “la mayoría de estos crímenes están vinculados los grupos armados extranjeros que controlan la explotación aurífera en estos territorios”.
En ese sentido, la organización asegura que el Estado venezolano no garantiza los derechos a la seguridad personal de los indígenas ni la salud, el uso, goce y aprovechamiento de su hábitat y tierras, a la no discriminación, a una vida con calidad, entre otros.
“Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar, tal es el caso del informe que recientemente presentaron diputados de la Asamblea Nacional sobre la presencia de ONG en el estado Amazonas, infiriendo sospechas sobre su labor”, advirtió FundaRedes.
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Redacción Maduradas con información de FundaRedes.
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