Ante la supuesta existencia de un plan golpista contra su régimen, el líder socialista Nicolás Maduro ha activado la “furia bolivariana”, un plan que según expertos en derechos humanos implica violaciones a las libertades y derechos fundamentales de los venezolanos.
Maduro aseguró que en 2023 supuestamente se frustraron cuatro intentos de derrocarlo, orquestados desde Colombia y Estados Unidos, con la participación de civiles y militares venezolanos. Uno de ellos habría sido un ataque contra el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, el pasado 1 de enero.
La “furia bolivariana” es un término que Maduro ya había usado en 2020 para referirse a las medidas “drásticas, audaces y valientes” que tomó su régimen para enfrentar la pandemia de COVID-19, entre las que se incluyó el confinamiento obligatorio de los contagiados.
Los defensores de derechos humanos denunciaron entonces que Maduro imitaba el modelo autoritario chino para ejercer control social y político, en medio de la crisis política que vivía el país por la disputa por la presidencia.
Ahora, Maduro vuelve a invocar la “furia bolivariana” como una estrategia para defender al chavismo de sus adversarios, en vísperas de un año electoral. Esto ha generado una nueva ola de detenciones arbitrarias y persecuciones a la disidencia, según denuncian organizaciones no gubernamentales.
Marino Alvarado, activista de derechos humanos y directivo de la ONG venezolana Provea, considera que ese anuncio de Maduro sobre la “furia bolivariana” trata de la “continuidad” de una política estatal de “persecución” contra la disidencia.
Alvarado explicó a la Voz de América que esa estrategia “abarca detenciones; perseguir para obligar al exilio a líderes políticos y sociales, e intimidar. Se trata de meterle miedo a la gente” para que no forme parte de ningún voluntariado de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año.
Carlos Lusverti, profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a VOA que Maduro vuelve a usar el término para advertir sobre “medidas de acoso” e “intentos de intimidación” contra quienes se manifiesten en su contra, especialmente los que reclamen mejores condiciones salariales y de pensiones, en el marco de un año electoral.
Lusverti señaló que la “furia bolivariana” no se ha definido de manera formal como un plan o protocolo establecido, sino como “una invocación” a futuras acciones del Estado frente a expresiones de disidencia.
En los últimos días, las sedes de partidos políticos de la oposición como Vente Venezuela o Primero Justicia han sido vandalizadas con escritos alusivos a la “furia bolivariana” en diferentes estados del país.
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Redacción Maduradas con información de Voz de América.
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