El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, examinará la situación venezolana con un retraso de siete años.
Si bien el oficialismo insiste en publicitar el asistencialismo desarrollado a través de las misiones, obvia las fallas de tales programas y, en la mayoría de los casos, no revela las estadísticas actualizadas sobre los resultados. Las organizaciones no gubernamentales destacan que la no discriminación ha quedado en segundo plano y, por ejemplo, en cuanto a mujeres, niños, niñas, adolescentes e indígenas han privado criterios político-partidistas.
La ONU solicitó al Estado venezolano que informara sobre el combate de estereotipos en relación con las funciones y responsabilidades de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad, las medidas específicas para eliminar la segregación por razones de género en el mercado de trabajo y los resultados de la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Acerca del primer punto, el Estado mencionó la promulgación en 2007 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Más específicamente señaló que “el Ministerio para la Mujer y sus entes adscritos promueven la constitución de los Comités de Gestión de la Mujer para la Igualdad de Género en lo interno de las comunas, y los Comités de Mujer e Igualdad de Género en los consejos comunales. En ambas instancias del Poder Popular se lucha por los derechos de las mujeres en los espacios cotidianos de vida, entre los cuales se encuentran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la profundización de su participación política”.
En materia laboral, el reporte estatal indica que durante el primer semestre de 2014 se llevaron a cabo 13.549 inspecciones a entidades de trabajo y se constató que a 175.450 trabajadoras se les garantiza la igualdad de beneficios laborales sin discriminación alguna. Sobre violencia de género, el Estado no suministró información estadística.
En el informe alternativo, elaborado por las ONG Centro de Justicia y Paz, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, Género, Democracias y Derechos Humanos, y Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya, se señala:
“En Venezuela los asuntos de la igualdad de género no son parte sistemática de la agenda de los poderes públicos y la mayoría de las iniciativas dirigidas a las mujeres son de carácter asistencialista y de claro corte populista, se hacen dentro del contexto de la promoción política que adelanta el gobierno a través de acciones generalmente puntuales y para responder a circunstancias políticas que no obedecen a un propósito sistemáticamente predeterminado. Los planes dirigidos a dar respuesta a las necesidades de las mujeres se hacen con absoluta subordinación a los intereses políticos del proyecto ideológico del gobierno y carecen en todas sus partes de un enfoque de igualdad de género”.
Sobre las misiones, las ONG afirman que “han sido creadas para beneficiar a determinados grupos de mujeres de los estratos más pobres, en materia de empleo, pero solo para personas ligadas políticamente al gobierno y en ocupaciones del sector terciario”.
En materia de igualdad en el trabajo, las ONG aseguran que la brecha salarial promedio entre mujeres y hombres es de 14,2%.
La principal lucha de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela y de todo el mundo es por el derecho a la tierra. En ese sentido, el Comité pidió al Estado venezolano información actualizada sobre los avances en esta materia.
Y en el reporte estatal se precisa que entre 2005 y 2014 se han entregado 93 títulos de tierras, lo cual ha beneficiado a 20.271 familias en una superficie de 2.951.852,66 hectáreas. “Actualmente se están procesando, de manera simultánea, 43 expedientes de demarcación de hábitat y tierras indígenas. Estos títulos serán entregados en la medida que vayan culminándose los procesos que dan cierre a los expedientes de demarcación por cada solicitud, las cuales se elaboran de manera cronológica y en orden de recepción”, agrega.
El Foro por la Vida opuso los señalamientos de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana, que señaló que solo se había demarcado 12,4% de los hábitat y tierras indígenas y que se ha beneficiado a 11 de los 50 pueblos indígenas. Así las cosas, parece inalcanzable la meta de terminar el proceso de entrega de títulos de propiedad en 2015.
Con información de El Nacional.