El régimen de Nicolás Maduro contrató a un lobista de Washington cuyo negocio ha florecido durante la administración de Donald Trump, como parte de un esfuerzo de 12,5 millones de dólares para aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales en momentos que parece estancada la campaña estadounidense para derrocar al gobernante socialista.
EFE/Miguel Gutiérrez
El inspector general venezolano Reinaldo Muñoz contrató al cabildero Robert Stryk, de la firma Sonoran Policy Group, como parte de un contrato más amplio con Foley & Lardner, un despacho legal con oficinas en Washington.
Tanto la firma legal como la empresa de Stryk, Sonoran Policy Group, se registraron separadamente como contratados por Muñoz ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en documentos publicados el lunes en el sitio web de dicha oficina.
Sus labores incluirán “desarrollar una estrategia para actuar con el Gobierno de EEUU a fin de retirar al Actor Extranjero u otros actores de las listas de entidades sujetas a sanciones económicas estadounidenses debido a sus vínculos con la República”, dice el documento de Foley, que por su parte está pagando 2 millones de dólares para contratar a Stryk como consultor.
Las gestiones ocurren en momentos en que está siendo cuestionado el apoyo estadounidense a Juan Guaidó, el líder opositor considerado el presidente legítimo de Venezuela por muchos venezolanos y unos 60 gobiernos extranjeros.
Un año después de iniciada la campaña respaldada por Estados Unidos para sacar a Maduro del poder, el gobernante venezolano ha logrado aplastar un intento de golpe, protestas masivas y duras sanciones económicas estadounidenses que han cortado el acceso de su gobierno a los bancos extranjeros.
Envalentonado por los reveses de Guaidó, Maduro está ahora tratando de mejorar su imagen en Washington. Hace unos días, Maduro dijo al Washington Post que desea dialogar directamente con el gobierno estadounidense a fin de aliviar las tensiones que han ocasionado severas penurias económicas al país petrolero de 30 millones de habitantes.
Stryk, vinicultor y exasesor republicano que perdió una elección para alcalde en Yountville, California, es uno de los agentes de presión política más notables en Washington en la era de Trump.
Fue trabajador voluntario en la campaña de Trump en la costa occidental de Estados Unidos y fundó Sonoran Policy Group. Según registros oficiales, la firma no tuvo actividad de asesoramiento alguna entre el 2013 y el 2016 pero desde inicios del 2017 ha hecho negocios con entidades extranjeras por más de 10,5 millones de dólares.
Al igual que Venezuela, muchos de los clientes tienen en Estados Unidos una mala reputación o están bajo sanciones económicas como por ejemplo Somalia, la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudí, que firmó un contrato por 5,4 millones de dólares en mayo del 2017.
Además, el asesor representa a Isabel dos Santos, la mujer más acaudalada de África, quien ha sido acusada de haber acumulado una enorme fortuna gracias a préstamos estatales conseguidos por su padre, un expresidente de Angola.
Estados Unidos fue el primero de casi 60 naciones que hoy en día reconocen a Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, como el jefe de gobierno legítimo del país sudamericano ya que consideran que la reelección de Maduro fue fraudulenta.
Pero Estados Unidos insiste en que cualquier negociación con Maduro debe centrarse únicamente en su salida del poder, y el año pasado rechazó un diálogo patrocinado por Noruega con la oposición, calificándolo de una pérdida de tiempo que sólo favorecerá al mandatario venezolano.
Pero hace pocos días el secretario de Estado Mike Pompeo pareció menos reacio a la idea de un diálogo, afirmando que una salida negociada es la mejor opción.
Muñoz es uno de los pocos allegados de Maduro que no han sido sancionados por Estados Unidos.
Con información de AP
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