La exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, entregó un informe a la CIA e Interpol, en el que se investiga un presunto caso de corrupción en una venta del exministro de Defensa español José Bono.
Composición Maduradas / El Político / Efecto Cocuyo
De acuerdo a una información publicada por el portal Es.Diario, entre los documentos destaca un expediente que hace referencia a un asunto relacionado con España. El oficio en concreto lleva el título: «caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Hebert García Plaza, Alto mando militar».
El periodista David Lozano explica que en el año 2005 el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero suscribía un acuerdo con el Gobierno de Venezuela -entonces presidido por Hugo Chávez-, para la venta de cuatro barcos para la Armada de ese país. En ese entonces, el ministro de Defensa, y máximo responsable de la venta de material militara otros países, era José Bono, quien ocupó esa cartera en tiempos de Zapatero entre los años 2004 y 2006.
Según detalla el informe, el acuerdo firmado entre los dos gobiernos incluía la construcción de cuatro BVL -Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros; y de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva-, con un precio de 698,71 millones de euros. El coste total de la operación fue de 1.207,39 millones de euros.
Es.Diario detalla que fue un precio cerrado, según los acuerdos, pero que en los papeles varía sensiblemente, pues el Gobierno de Venezuela abonó 1.246 millones de euros en la operación. Es decir, 38.600.000 euros de más.
Todo ello, según la investigación de Ortega Díaz, gracias a la sorprendente aparición en esta millonaria operación de una empresa de intermediación: Rabazven Holding, que se embolsó el 3,5% del total del dinero del contrato.
Con respecto a este caso, al Ministerio Público le pareció sospechosa esta intermediación, tratándose de un contrato que, según la declaración oficial del Gobierno de Zapatero, había sido conseguido a nivel gubernamental porque la naviera adjudicataria, Navantia, es una empresa 100% pública, y las negociaciones fueron llevadas a cabo por el propio Bono, ministro de Defensa.
El contrato se firmó por todo lo alto en Caracas y hasta allí se trasladó Bono junto al entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.
En el año 2010 se conocieron algunos datos públicos de esta desmesurada comisión y nadie entonces dio explicaciones ni en Venezuela ni en España.
El ya expresidente de Navantia, que se encontraba en ese año ya al frente de Sainsel Sistemas Navales S.A, negaba cualquier explicación y remetía para ello a los responsables de empresa pública.
La respuesta de esta empresa fue que «Rebazven ha estado históricamente en las operaciones de venta en Venezuela». Fue entonces cuando un medio de comunicación preguntó por qué se usó un intermediario que se embolsaba más de 38 millones en la operación si oficialmente la venta era un logro directo de Zapatero y Bono.
La respuesta de los astilleros públicos apuntaba a la gestión de Bono en Defensa: «pregunte en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato».
Tal y como recoge el oficio, Bono nunca dio explicaciones de esa operación. Sí lo hizo Hugo Chavéz quién argumentó en su momento: «queríamos ayudar a España, el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado».
Pero el desvío de más de 38 millones de euros en comisiones no es la única polémica de la operación de Bono. Trascendió que los pagos de Venezuela se demoraron y en 2016 seguían sin abonarse casi 312 millones de euros que la empresa pública española había abonado en concepto de garantía de entrega de los trabajos.
Con información de Es Diario
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