“La situación que vivimos en la zona oriental del Guárico es la misma que vivió Colombia años atrás, cuando vías en poder de guerrilleros y paramilitares hacían riesgoso el transitar por ellas. Hoy, para ir al centro, muchos preferimos transitar por la vía de la costa (Zaraza-Píritu-Barlovento-Caracas)” comentó un habitante de la zona.
Según el Observatorio Venezolano del Delito Organizado, las «megabandas», están apoderándose del país. Estas son organizaciones que cuentan con núcleos de 30 a 50 personas que son capaces de trazar alianzas para hacer trabajos específicos en otras áreas del país.
En los límites entre Guárico y Aragua, los mensajeros de un grupo de delincuentes cobran extorsiones a los hacendados, ya sea en efectivo o mediante la apropiación de ganado o vehículos, todas las semanas.
El líder del grupo, conocido como Juvenal, ya controla buena parte de la vía que comunica a Guárico con el oriente del país. En la primera semana de julio secuestró a tres familias completas que circulaban por la carretera en los alrededores del caserío Memo.
En los alrededores de la Cota 905, según información policial, los miembros de la banda liderada por Carlos Revete, alias Coki, hacían rondas nocturnas en camionetas y vehículos de lujo para llevar a cabo secuestros exprés y robar otros automóviles. Posteriormente se negociaba el pago de rescates con los propietarios y víctimas.
Estos son apenas dos ejemplos de grupos que, por su grado de organización y número de integrantes, pueden ser calificados de “megabandas”, según el Observatorio Venezolano del Delito Organizado.
“Las bandas tradicionales tenían siete u ocho integrantes, como pasa con los equipos de baloncesto. Las megabandas se parecen más a un regimiento”, afirmó Luis Cedeño, representante de esta organización.
Las megabandas tienen liderazgos claramente establecidos. El nombre o apodo del cabecilla generalmente se transmite al grupo completo. En Guárico la organización de Juvenal compite con la de Picure (José Tovar); en Zulia está la banda de Edwin Soto, alias el Mocho, también llamada Tren del Norte y en Miranda, la de los Capracio y Wilfredo.
Cada megabanda, según Cedeño, tiene núcleos de 30 a 50 personas que son capaces de trazar alianzas para hacer trabajos específicos en otras áreas del país.
El programa de las “zonas de paz” incrementó la magnitud de estas pandillas, y según Cedeño les confirió a sus líderes poderes de negociación similares a los que tienen los “pranes” o jefes de presos.
“La megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles, en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado”, afirmó.
Ausencia de controles. Para el criminólogo Keymer Ávila, el crecimiento de los grupos criminales en el país se origina en la falta de controles formales por parte del Estado.
Ávila indicó que estos grupos desarrollan alianzas con estructuras medias de los cuerpos armados. De esta forma obtienen la posibilidad de operar con impunidad, reúnen armas y aumentan su capacidad logística.
“No los veo como paramilitares, pero sí una consecuencia de la falta de intervención por parte del Estado. Es como el niño al que no le ponen límites. Empezaron usando revólveres, ahora tienen pistolas, granadas y armas largas”, explicó.
En torno a las grandes bandas ya identificadas –según Cedeño– podrían operar hasta 600 personas. Esto incluye tanto a los núcleos de cada grupo como a las personas que ocasionalmente les prestan algún servicio; 7 de las 12 grandes organizaciones tienen su área de acción en el Distrito Capital y el estado Miranda. En Guárico y Aragua hay 3, incluida una estrechamente relacionada con el penal de Tocorón. Las restantes están en los estados Bolívar y Zulia.
Los delitos predilectos por estos delincuentes son el secuestro, la extorsión, los robos de grandes dimensiones y el sicariato “como actividad comercial”.
Mano blanda, mano dura. Ávila advirtió que luego de 16 años sin haber controlado eficientemente el surgimiento y la consolidación de organizaciones criminales, el gobierno ahora intenta legitimar intervenciones militares para retomar el control de los espacios que había perdido.
Advirtió que esa actitud “pendular” puede ocasionar un rechazo en las poblaciones en las que se desarrollan estas operaciones y promover reacciones que sirvan posteriormente como justificativo de más represión. A esto el criminólogo lo llamó “profecía autocumplida”.
En estas circunstancias lo peor es que las bandas continuarán fortaleciéndose.
Con información de El Nacional.