Las críticas sobre la extensión del Decreto de Emergencia Económica, al que ahora se le agrega la figura de Estado de Excepción tienen argumentos sólidos, y es que esta ordenanza otorga atribuciones extraordinarias al presidente de la República.
El presidente Nicolás Maduro anunció, el viernes, un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que busca supuestamente derrotar la llamada “guerra económica” y las amenazas del “golpe de Estado”.
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El decreto es criticado por diversos sectores debido a que da facultades al Ejecutivo para extralimitarse de sus funciones y aprobar medidas que requieren la aprobación de otros poderes con el argumento de la emergencia económica.
Con este decreto, Maduro podrá dictar, por ejemplo, medidas nacionales e internacionales relacionadas con la comercialización y distribución de bienes e insumos, reseñó Noticiero Digital.
Los productores se mantienen a la expectativa porque bajo las figuras de estas acciones pueden tomar represalias contra empresas paralizadas por falta de divisas o materia prima.
Esto se confirma en el apartado que indica que se podrán adoptar “medidas especiales para asegurar el apoyo del sector privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos”.
Con este decreto se le otorgan funciones de “vigilancia” a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) junto a los Consejos Comunales, organizaciones del Poder Popular, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Seguridad de estados y municipios todos bajo la coordinación de la FANB para “mantener el orden público».
El artículo 2, concretamente, el numeral 7 “autoriza al Ejecutivo a decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros funcionarios cuando esa sanciones obstaculicen la reactivación económica o la seguridad de la nación”. Es decir, casos como la moción de censura de funcionarios por parte de la Asamblea Nacional quedan suspendidas como parte de este decreto.
También Maduro podrá autorizar en Consejo de Ministros, gastos no previstos; así como la aprobación por parte del Ejecutivo de contratos de interés público para obtener recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos sin aprobación de otros poderes públicos.