En un trabajo de investigación realizado por Crónica.Uno afirman que la gestión del gobierno interino de Juan Guaidó manejó 104 millones de dólares en 2020 y, hasta el momento, no hay rendición de cuentas.
EFE/ Miguel Gutiérrez
El Fondo de Liberación Nacional fungió como un presupuesto de funcionamiento del gobierno encargado y alcanzó la cifra de 80 millones de dólares, incluidos 14 millones de dólares para la operatividad mínima de la Asamblea Nacional, de acuerdo con estos datos.
Mientras que los recursos totales aprobados entre 2019 y 2020, primero para la “defensa judicial de Pdvsa” y que luego se convirtieron en el Fondo de Litigios, ascendieron a 24 millones.
Fondo de litigios encriptado
El medio digital señaló que el primero octubre de 2019, la Asamblea Nacional autorizó a Pdvsa el uso del dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por 2 millones de dólares, para el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos.
Mes y medio después, el 19 de noviembre, la plenaria aprobó el acuerdo de creación del Fondo Especial de Litigios, que quedaría conformado por los recursos disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de la República, el BCV, Pdvsa y demás entes descentralizados.
Crónica.Uno señaló que ese mismo acuerdo autorizó al BCV a utilizar 2 millones de dólares de sus propias cuentas en el exterior y reiteró a Pdvsa que los fondos que le había aprobado en octubre —de los cuales ya quedaban 1,5 millones y sin ofrecer explicación de cómo se gastó el otro medio millón— debían ser únicamente para la defensa de sus activos.
El acuerdo ordenaba además crear una comisión técnica encargada de “garantizar el uso adecuado de los recursos del Fondo”.
Dos meses pasaron, llegó enero de 2020 y no solo la comisión técnica no había sido designada sino que ahora Guaidó pedía a la AN una nueva autorización, esta vez para ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares.
En la sesión, Luis Marquina pidió diferir el punto para desarrollar mejor el proyecto, las funciones de la comisión y las funciones de control previo y posterior. Pero el voto salvado PJ reclamaba que aún no se había designado la comisión técnica que verificaría el manejo de los recursos rescatados, que la AN no había designado todavía al contralor especial, pendiente desde junio de 2019, y que a la fecha no se sabía cómo se habían manejado los 3,5 millones de dólares (en realidad 4 millones) autorizados entre octubre y noviembre.
El reclamo causó un nuevo roce con el procurador especial José Ignacio Hernández (que se sumaría al reclamo por la estrategia aplicada frente los tenedores del Bono 2020, recogida en la primera entrega de esta serie). El funcionario puso el cargo a la orden, aunque terminó ocupándolo hasta junio.
En la primera sesión de febrero de 2020 se designó la comisión técnica del Fondo de Litigios, mientras Hernández publicó por esos días su informe de gestión de 2019. Allí reveló que había contratado bajo la modalidad de pro-bono a por lo menos ocho escritorios de abogados y un asesor jurídico para la defensa de los activos venezolanos, además de “nuevas firmas para casos complejos”.
En el informe que la comisión de Finanzas, ahora presidida por Carlos Paparoni (PJ), presentó hace un par de semanas ante la comisión Delegada de la Asamblea Nacional, la instancia determinó que esas contrataciones de Hernández se hicieron sin tener un presupuesto asignado para ello y sin autorización del Parlamento, contrariando el Estatuto para la Transición.
Hasta el momento, no se ha presentado cuenta pública del Fondo de Litigios. Ni sus resultados operativos (juicios ganados/perdidos, activos recuperados/no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuales escritorios jurídicos a lo largo de 2020.
El 17 de septiembre de 2020 la comisión de Finanzas presentó la nueva estructura del Fondo para la Liberación de Venezuela (Crónica.Uno obtuvo la tabla de distribución del gasto en digital), manteniendo siempre el monto global de 80 millones de dólares:
- $45,8 millones para programas sociales.
- $14 millones para Asamblea Nacional.
- $476.850 para Contraloría Especial.
- $1,2 millones para Magistrados en el exilio.
- $7,6 para Asuntos Exteriores.
- $4,5 para Comunicaciones.
- $1,7 para Presidencia, procuraduría, junta directiva y comisión delegada.
- $65.000 para el BCV.
- $3,7 millones para Consejo de Administración del Gasto.
- $823.650 para rectificaciones presupuestarias.
El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, que coordina el trabajo de poco más de 40 representantes diplomáticos no ha informado todavía cómo ejecutó los 7,6 millones de dólares que le fueron asignados el año pasado.
Tampoco la Procuraduría Especial, en manos del profesor de derecho constitucional de la UCV, Enrique Sánchez Falcón, desde junio del año pasado ha publicado su memoria y cuenta.
Otros entes como las juntas ad hoc del BCV, Pdvsa, Citgo, CVG, Pequiven, PDV Holding, Monómeros no han presentado públicamente los informes de su gestión correspondiente a 2020, más allá de las comparecencias que tuvieron a mediados del año pasado ante la AN. Y como se mencionó en la primera entrega de esta serie, el propio Guaidó no ha rendido Memoria y Cuenta ni en 2019 ni en 2020.
Redacción Maduradas con información de Crónica.Uno
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