El pasado jueves 20 de enero, la Asamblea Nacional (AN) chavista avaló, en primera discusión, la reforma a la ley relacionada con captar tributos de todo ente o persona si usa divisas o criptoactivos distintos al Petro. Se estima que el porcentaje abarcaría entre 2% y 8%, y podría extenderse hasta 20% en el caso de grandes empresas.
«(Esta ley busca) rescatar la confianza en el bolívar, porque todas las transacciones que se están dando en la economía nacional no son gravadas y eso genera que el bolívar tenga una desventaja en cuanto a la moneda extranjera«, señaló, entonces, el «diputado» Ramón Lobo.
En ese sentido, RunRun afirma que, si la ley se aprueba, desde el dueño de un bodegón hasta el pensionado que recibe remesas de sus hijos provenientes del extranjero, tendrán que pagar un impuesto por emplear divisas en Venezuela.
A juicio de Juan Carlos Castillo, miembro de la directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la reforma a la ley de impuesto tiene una motivación eminentemente recaudatoria y, además, podría echar tierra al poco avance que ha tenido el país a nivel financiero.
«El objetivo es aprovechar la dolarización, el empleo de las divisas para incrementar la recaudación tributaria, esto beneficia al Estado y perjudica a la colectividad porque al final se incrementa el monto a pagar de los productos y servicios«, sostuvo.
Además, a su juicio, quien cargará con las mayores consecuencias de esta reforma será el consumidor final porque es el último eslabón de la cadena y el «cuello de botella» de las operaciones.
En síntesis, según José Javier García, abogado y contador, ello generaría un incremento de los costos que, obligatoriamente, va a ver reflejado en el precio del producto final.
Redacción Maduradas con información de RunRun
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