El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, aseguró este viernes 8 de abril que se seguirá investigando «imparcial e independientemente» en Venezuela los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
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Durante una entrevista ofrecida al diario español El País, enfatizó que con una oficina en Caracas se busca «entender la cultura, el contexto y las historias» en Venezuela, y «separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción».
“Cumpliremos con nuestro mandato de forma independiente e imparcial”, insistió en medio de rumores que apuntan que dicha oficina sería instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente controlado en la actualidad por el chavismo.
Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera independiente por el equipo de Maduradas, aunque fue desmentido por Alfredo Romero, director de Foro Penal.
«Acordamos trabajar dándole asistencia y consejos técnicos a Venezuela para que ellos puedan llegar a la altura (judicial). Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido», agregó el fiscal de la CPI.
«No somos ingenuos. Tenemos que conocer a la gente, hablar, escuchar, aprender. Ser lo suficientemente humildes para entender que no tenemos el monopolio del conocimiento», dijo el funcionario sobre su rol en Venezuela.
La CPI dio un plazo de tres meses, hasta el 16 de abril de 2022, para que el régimen de Nicolás Maduro presente los resultados de las investigaciones nacionales por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Como se sabe, el pasado 16 de enero el chavismo debía rendir cuentas ante la CPI acerca de sus avances en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas desde 2017. Sin embargo, el 18 de enero, se conoció que el fiscal de la CPI otorgó el mencionado plazo.
También se indicó que la prórroga da tiempo para que el fiscal de la CPI, Karim Khan, pudiera viajar a Venezuela y «entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos».
La CPI, con sede en Países Bajos, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas antigubernamentales de 2017, que se saldó con la vida de al menos 120 venezolanos. Por tanto, en diciembre de 2021 se conoció que el ente resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.
Redacción Maduradas con información de El País
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