La Fiscalía costarricense acusó al nicaragüense Bismarck Espinoza Martínez de homicidio simple en contra de Carla Lucía Stefaniak, turista venezolano-estadounidense que fue asesinada en unas villas en Escazú entre el 27 y 28 de noviembre de 2018.
El licenciado Joseph Rivera, abogado de la familia de la víctima, confirmó que están un poco consternados con la acusación del Ministerio Público, debido a la saña con la que fue asesinada la joven.
Carlos Caicedo, padre de la víctima, aseguró que la acusación por homicidio simple los llena de «indignación, frustración y molestia».
“Cómo es posible que la Fiscalía vaya a dar una calificación de ese tipo a un homicidio absolutamente intencional, calificado, con ataque sexual y aparte de eso el robo de las pertenencias de mi hija, esta noticia nos ha caído muy mal, es muy lamentable que la Fiscalía y el OIJ hayan hecho un trabajo mediocre y simple”, mencionó a un diario local.
A juicio del padre de la joven, es improbable que una sola persona haya cometido este crimen: «contó con la participación de otras personas y el encubrimiento y cooperación de otros para limpiar la escena del crimen”, sostuvo..
Para Caicedo no es posible que el sospechoso tuviera la destreza de limpiar toda la escena del crimen él solo y de dejar la habitación «impecable» para que se alquilara al día siguiente, como sucedió. Es por eso que hizo un llamado preciso al presidente de Costa Rica.
“Quiero hacerle un emplazamiento público al señor Presidente de la República, Carlos Alvarado, a la señora fiscal general de la República y al señor director del OIJ, estamos absolutamente inconformes del trabajo que aquí se ha realizado, la justicia de Costa Rica queda en entredicho, ¿hay privilegiados? ¿hay protegidos en Costa Rica? ¿la justicia está parcializada?, son preguntas que nos hacemos y no quisiéramos que las respuestas sean afirmativas, pedimos justicia, exigimos justicia, por favor, es un crimen que no puede quedar impune”, expresó.
Según el Código Penal de Costa Rica, el homicidio simple contempla penas de prisión de 12 a 18 años, mientras que para el homicidio calificado se establecen penas de 20 a 35 años.
“Consideramos que si hubiera sido un homicidio simple nada más le hubieran metido un golpe, fue nada más un disparo, por ejemplo. En este caso, la víctima apareció con varias heridas en su cuerpo. Siete puñaladas en el rostro nos parece que no es un homicidio simple”, añadió el abogado.
Redacción Maduradas con información de La Prensa Libre
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