Detenciones, largos períodos en la prisión y deportaciones, es el escenario que afrontan los venezolanos en Trinidad y Tobago, constató un equipo de la Voz de América que viajó hasta ese país para reunir testimonios sobre esta situación.
Los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indican que al menos 4,5 millones de venezolanos viven en el exterior. Esta migración masiva ha significado una carga en los sistemas de atención social y de justicia, difícil de lidiar para naciones pequeñas de América Latina.
A naciones como Trinidad y Tobago se le hace casi imposible cargar con ese éxodo sin que intervenga la ayuda internacional.
Un informe de la organización Refugees International señala que 440 venezolanos se encuentran detenidos en esa isla y es muy escasa la información que se conocer sobre tales casos.
Prácticamente todos han permanecido arrestados por amplios periodos de tiempo, al tiempo que apenas cuentan con asistencia legal o médica.
La venezolana Mary Carmen Arraiz contó a VOA que desde el pasado 16 de abril cuatro miembros de su familia fueron privados de libertad en su casa y trasladados a la cárcel de Máxima Seguridad en Puerto España.
Indicó que sus seres queridos, que identificó como Keyla Arráiz, Maryenis del Carmen Urquia Rodríguez, Roimar Troya y Héctor Luis Castellano, se hallan presos desde entonces por una pelea doméstica.
«La cárcel tiene condiciones inhumanas. El trato de ellos, la misma xenofobia, no es igual al trato que tienen con los locales«, expresó en referencia a las dos mujeres.
Afirmó que ha tenido que cuidar a los hijos de ambas mujeres, de 10 meses y 1 año de edad: «Sus hijos están pequeños. Las dos estaban amamantando y sus ellos las necesitan».
Arraiz dijo que ninguna de sus parientes ha podido volver a ver a sus hijos desde que están en la cárcel.
Por otra parte, contó que se siente «acorrolada» porque las autoridades de Trinidad y Tobago “amenazaron con buscarme, con ponerme droga para llevarme detenida. Yo no salgo, yo ando escondida, yo no voy ni siquiera al mercado”.
Entre los cargos presentados a sus familiares en la corte de Chaguanas están resistencia al arresto, comportamiento desordenado y obstrucción a la justicia.
El abogado Nicholas Rampersadsingh, asesor legal de la familia, destacó que todos esos delitos representan “ofensas menores”.
“Muchas veces cuando los venezolanos son arrestados se quedan en la cárcel por la duración del juicio. Algunos de estos casos pueden llevar años. En uno de los casos que estoy representando en este momento ante la corte criminal, a los venezolanos se les permitió pagar fianza, pero el monto es tan grande que les es imposible pagar”, dijo.
La familia de Arraiz y abogados consultados estiman que los connacionales en ese país no solo se enfrentan a la falta de recursos, sino que también existe un entorno donde es visible la xenofobia.
“Tengo la sensación de que existe xenofobia con nuestra aplicación de la ley e incluso cuando vas a la corte”, expresó a VOA Nafeesa Mohammed, abogada familiar en Trinidad y Tobago.
Aunado a ello, resaltó que es difícil lograr presentar las pruebas de sus casos porque la policía no se presenta a las audiencias y en algunas ocasiones no está preparada la documentación requerida para dar comienzo al juicio.
Añadió que sus clientes corren el riesgo de ser deportados una vez que su caso es descartado, violando convenios internacionales de derechos humanos.
“Nos hemos enfrentado a situaciones ante las cortes en donde la orden de deportación ya está firmada, en circunstancias que van en contra de los convenios firmados y principios de la ley, en el caso de un solicitante de asilo o refugiado”, dijo.
Redacción Maduradas con información de Voz de América.
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