El viernes 15 de diciembre vence el plazo para que líderes opositores recurran las «inhabilitaciones», que les impedirían postularse a las elecciones presidenciales de 2024, en Venezuela, pero la cuenta regresiva corre en medio de escepticismo.
EFE/ Rayner Peña R
En concreto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por el régimen de Nicolás Maduro— revisará las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición, así lo anunciaron el pasado jueves 30 de noviembre las partes.
La medida permitirá a María Corina Machado, quien ganó la primaria opositora del pasado 22 de octubre, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.
El chavismo y la oposición acordaron «un procedimiento» a través del TSJ para que los inhabilitados soliciten la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos.
En concreto, los inhabilitados deberán introducir un «recurso contencioso-administrativo» y una solicitud de «amparo cautelar» durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre.
El TSJ deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al régimen madurista para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.
«No he visto ningún progreso todavía, pero quedan ocho horas en el día, así que veremos qué han decidido hacer los venezolanos», afirmó más temprano el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el chavismo y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado para condiciones electorales en las presidenciales de 2024.
Las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.
ACATAR EL MARCO CONSTITUCIONAL
Hasta el miércoles de esa semana, el propio jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, había asomado que podría producirse «un mecanismo» para lograr habilitaciones políticas, pero horas después Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo descartó.
Sin embargo, en este último acuerdo alcanzado se pide a los inhabilitados que recurran la medida «respetar la Constitución», «honrar y defender la patria», «acatar el marco constitucional» del TSJ y «rechazar cualquier forma de violencia» y acciones que atenten contra la soberanía.
QUÉ DIJO MARÍA CORINA
La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, manifestó el miércoles 6 de diciembre que no tiene «nada que recurrir» ante el TSJ, «por ahora», para que la habilite para participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Machado aseguró, en rueda de prensa, que no ha cometido «ningún delito» y que «no hay ningún acto» que pueda recurrirse, porque —subrayó— «ni siquiera» ha sido notificada de su inhabilitación, que data de 2015 y fue extendida, recientemente, hasta 2030, lo que le impide inscribirse a los comicios del próximo año.
Redacción Maduradas con información de AFP y EFE
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