Ante el inicio de las investigaciones en contra de funcionarios y contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela, entre otros, la lupa de los medios se ha ubicado sobre las empresas que han ejecutado construcciones en la urbanización Las Mercedes de Caracas, lugar que muchos consideran como la «burbuja económica» de Venezuela.
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Apenas unos días después de que se anunciaran los arrestos, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y diputado a la Asamblea Nacional (AN) del régimen, cuestionó el «súbito crecimiento» en las edificaciones que se han levantado en Las Mercedes en los últimos años.
«Por eso hay que investigar a fondo, los edificios tenían un tamaño, por disposición y variables urbanas y de seguridad. De repente, le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron. De seis pisos pasaron a torres. ¿Cómo fue eso?, ¿cómo fue ese procedimiento?, ¿a quién le consultaron?, ¿qué variables tomaron en cuenta?», preguntó Cabello en una alocución del canal estatal Venezolana de Televisión el pasado 18 de abril, cuando presentó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio frente al Parlamento.
10 días después de las declaraciones de Cabello, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue aprobada según la Gaceta Oficial número 6.745.
En ese orden de ideas, el abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo a RunRun que este documento jurídico en realidad disfrazaría intenciones políticas relacionadas a una aparente «herramienta de persecución»,
«En esta ley, no se menciona en ningún artículo cómo serán las garantías a los bienes incautados a los detenidos o señalados por corrupción. No se expresa cómo se tasarán los dominios, cómo se notificarán, cuál es su destino. Tampoco dice nada sobre su mantenimiento. Todos los bienes están en peligro de ser abandonados y sin liquidación de acuerdo a los costos del mercado», afirmó.
Detalles sobre la ley
Se pudo saber que la nueva ley, además de regular las acciones del Ministerio Público (MP) en casos de incautación de bienes presuntamente adquiridos por acciones de corrupción, exige la creación de un Servicio de Bienes Recuperados por parte del ejecutivo nacional. Sin embargo, a la fecha, no existe una declaración o documento oficial que indique la consolidación de esa institución pública.
«En un país donde el Estado de Derecho y el debido proceso está muy deteriorado, las posibilidades de que las Torres de Las Mercedes y otras construcciones similares en el futuro queden abandonadas es muy alta, porque la ley tampoco es clara en los tiempos que debe incurrir el Ministerio Público y los Tribunales competentes en mantener o liquidar estos bienes», agregó el especialista en leyes.
Además, alertó que la legislación no detalla los parámetros que ya ha señalado la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidos (UNODC), donde se especifica y sugiere que parte de los bienes incautados deben dirigirse a un fondo para apoyar a las víctimas de Derechos Humanos o al propio Estado para beneficio de la población, sino que apunta al «beneficio» de los funcionarios públicos o individuos que denuncien un caso potencial de corrupción.
Redacción Maduradas con información de RunRun
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