Un juez del condado floridano de León, en el noroeste del estado, desestimó el miércoles 15 de febrero una demanda presentada por el polémico uso de fondos públicos para trasladar, en septiembre de 2022, un grupo de unos 50 inmigrantes indocumentados de Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
AFP/Joe Raedle
La demanda, interpuesta por el senador estatal demócrata Jason Pizzo, sostenía que una sección del presupuesto utilizado para pagar los vuelos de septiembre pasado era inconstitucional, porque creaba un nuevo programa y cambiaba leyes, recogieron medios locales.
Los abogados del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, argumentaban que la demanda de Pizzo era “discutible”, dado que la Legislatura había aprobado este mes una ley destinada a reforzar los esfuerzos para transportar migrantes a “zonas santuario” del país, recogió el Pensacola News Journal.
Durante la audiencia y una vez que el abogado de Pizzo reconociera el punto citado por la defensa del estado, el juez John Cooper desestimó la demanda.
No obstante, para Pizzo se logró en parte lo que se buscaba, ya que las leyes aprobadas este mes por la Legislatura abordaban una serie de problemas legales planteados por el demócrata.
La Administración de DeSantis usó 615.000 dólares para pagar a Vertol Systems Company el traslado de este grupo de migrantes desde San Antonio a Martha’s Vineyard, añadió el medio.
El pasado 16 de febrero, varias organizaciones de inmigrantes expresaron su preocupación por la reciente expansión en Florida de un programa para la reubicación de migrantes sin papeles que puede dar pie a detenciones motivadas por el perfil racial en este estado y el resto del país.
La ley SB 6B, que tras su aprobación en el Legislativo floridano fue firmada por DeSantis, permite el traslado de inmigrantes que no necesariamente estén en Florida a otras partes del país, como ocurrió con el envío de ese cerca de medio centenar de indocumentados desde Texas hasta Massachusetts.
El envío de los inmigrantes a la isla de Martha’s Vineyard, por orden de DeSantis, causó una viva polémica y motivó demandas judiciales e investigaciones sobre él, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared Perdue, y las personas que ayudaron a reclutar inmigrantes en Texas.
Cuando se conoció el envío de los extranjeros y estalló la controversia, el gobernador defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del gobierno del presidente Joseph Biden, que, a su juicio, deja las fronteras de Estados Unidos “abiertas” a migrabtes sin permiso para radicarse en el país.
EFE
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