Dicen que la justicia es ciega, en el caso venezolano, se podría decir que está vetada de rojo. Y es que aunque no es secreto para nadie, esta vez la organización Human Rights Watch en su último informe muestra cómo en los últimos 9 meses pudieron documentar al menos 31 casos en los cuales algunas personas enfrentaron cargos criminales por hablar mal del gobierno, o fueron amenazadas por los mismos.
Según relata el escrito, el caso más reciente tuvo lugar el 24 de julio, cuando las autoridades detuvieron al empresario Fray Roa Contreras el día después de que él criticara las medidas económicas de la administración en CNN. Contreras permanece detenido y ha sido acusado de difundir información falsa, según medios de prensa locales.
“El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, declaró en un comunicado José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en Human Rights Watch.
“Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre”.
El gobierno ha acusado a menudo a los críticos de ser parte de una vasta conspiración para desestabilizar a la administración socialista. Y los tribunales han encarcelado a varios prominentes políticos acusándolos de que sus actividades de protesta eran equivalentes a planes para un golpe de estado.
Esta semana, el presidente Nicolás Maduro dijo que tenía “pruebas” de que el Pentágono de EEUU tenía planes para “llenar nuestra patria de violencias, caos, muerte, división, incertidumbre, angustia” antes de las importantes elecciones congresuales del 6 de diciembre.
Veintidós de los casos citados en el reporte del jueves, titulado “Venezuela: Críticos bajo amenaza” están vinculados con medios de comunicación venezolanos que difundieron reportes de que el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello estaba supuestamente siendo investigado en Estados Unidos por ser parte de un cartel de narcotráfico.
Cabello, miembro radical del partido gobernante, presentó acusaciones por lo civil y lo criminal de difamación contra 22 accionistas, editores y propietarios de los periódicos Tal Cual y El Nacional, así como del website La Patilla, alegando que los artículos se proponían socavar al gobierno.
Los tribunales han prohibido a los acusados que salgan del país en lo que continúa el caso por lo criminal.
Con información de El Nuevo Herald.