El Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro iniciará otra investigación sobre muerte del capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo luego de que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la acusación contra funcionarios de la Dgcim implicados en el caso.
Infobae
El Poder Judicial, brazo ejecutor del régimen, señaló que en dicho proceso se cumplieron actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Dichos argumentos se basaron en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 120 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
En ese sentido, concedió al Ministerio Público un plazo de 30 días para realizar una nueva investigación y emitir una nueva decisión, que puede ser otra acusación, sobreseimiento o la solicitud de archivo fiscal.
La decisión del TSJ responde a una figura legal denominada avocamiento de la causa, que procede cuando hay vicios en el proceso, con la particularidad de que en esta ocasión no fue solicitada por persona alguna.
Los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar beneficiados con la decisión quedaron identificados como Ascanio Tarascio Mejía y Estiben Zarate Soto.
Acosta Arévalo murió el 28 de junio de 2019 en el Hospital Militar Francisco Salias de Fuerte Tiuna, en Caracas, luego de haber sido detenido días antes por la Dgcim bajo acusaciones de conspiración e intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro.
Un día antes de su muerte, Acosta Arévalo sin poder ponerse de pie fue llevado a su audiencia de presentación y ante la pregunta de si había sido torturado asintió con la cabeza.
Las investigaciones revelaron signos de tortura en su cuerpo, entre ellos golpes y cortes con armas blancas.
Redacción Maduradas
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