Nikken recordó que las concesiones no pueden retirarse «por ingratitud«. No fue por la presunta participación de sus directivos en los sucesos de abril de 2002 ni porque transmitiera contenidos inadecuados ni porque quisiera «democratizar el espectro radioeléctrico«.
La decisión del desparecido Hugo Chávez de no renovarle la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007 fue pura y simplemente en represalia por su línea editorial crítica con su gestión.
Así lo aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenar a Venezuela por violar la libertad de expresión, las garantías judiciales y el derecho a la igualdad; y que le ordene al Ejecutivo devolverle la frecuencia al canal de Barcenas, así como sus equipos, indicó el diario El Universal.
«La Comisión llegó a la conclusión de que la no renovación de la concesión y la incautación de sus bienes fue por su línea editorial», afirmó la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, durante la segunda y última audiencia del proceso.
¿Cómo llegó a esta conclusión? Porque «no hay una sola sanción administrativa, civil o penal a los periodistas, directivos y accionistas por estos hechos que le adjudican (participación en los sucesos de 2002)» y porque todos los medios privados fueron acusados de lo mismo, pero «el único al que no se le renovó la concesión fue a RCTV».
La jurista colombiana continuó preguntándose: «¿Por qué RCTV y no Venevisión? ¿Qué justifica esta diferencia de trato?» y se respondió: «La línea editorial. Uno había decidido renunciar en su grilla a la crítica al Estado y otro decidió mantenerla».
Opinión similar esgrimieron los abogados del otrora canal 2. «Las concesiones no es algo que se da a los amigos y se niega a los enemigos. Lo concesionarios no son vasallos ni le deben lealtad al Gobierno (…) La concesión no puede ser revocada por ingratitud», dijo el expresidente de la Corte IDH, Pedro Nikken.
Esta versión fue negada por el agente del Estado, Germán Saltrón, quien aseguró al tribunal continental que la decisión fue adoptada simplemente para crear una televisión que «informara, recreara y prestara servicio social a toda la población» y que las frecuencias de RCTV eran las mejores técnicamente.
El procurador Manuel Galindo indicó que la resolución del Gobierno «no está condicionada a la variedad, calidad o cantidad de la programación» de la televisora del Grupo 1BC sino que fue producto «de su poder discrecional».
Esto permitió al expresidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, otro de los abogados de RCTV, concluir que la resolución fue un acto «alegal, ajurídico y aconvencional».