La represión de manifestaciones, arrestos de menores y expulsión de periodistas en Venezuela han generado alarma entre defensores de derechos humanos. Estas acciones podrían acarrear responsabilidades para el Estado y sus funcionarios ante la Corte Penal Internacional (CPI).
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En el contexto de la crisis electoral, varias desapariciones forzosas y expulsiones de extranjeros han sido reportadas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, según organizaciones no gubernamentales y gremios de la prensa.
Yendri Omar Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, fue arrestado durante seis horas en Maiquetía cuando se dirigía a Ginebra para participar en una reunión de la ONU sobre discriminación. Su padre y defensores de derechos humanos denunciaron el hecho.
Otro caso similar ocurrió el domingo, cuando Edni López, trabajadora humanitaria y profesora de la Universidad Central, fue retenida en Maiquetía. Su paradero fue desconocido hasta el mediodía del lunes, cuando se informó de manera extraoficial que había sido trasladada a una división de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, sin que se conocieran los cargos en su contra.
Provea y otras ONG han señalado que Velásquez y López son parte de una larga lista de víctimas de la persecución estatal en Venezuela, en medio de denuncias de fraude electoral y protestas contra la proclamación de Nicolás Maduro como presidente.
El régimen de Maduro no ha respondido de forma directa a las acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero ha denunciado un supuesto golpe de Estado “fascista” caracterizado por la violencia y restricciones informativas. El fiscal general Tarek William Saab ha afirmado que manifestantes supuestamente pagados por la oposición buscan generar violencia y ha desestimado las denuncias de organismos internacionales.
Entre el 25 de julio y el 2 de agosto, al menos 14 periodistas fueron deportados de Venezuela, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). La mayoría fueron inadmitidos en Maiquetía y regresados a sus países de origen, mientras que otros fueron arrestados y trasladados al aeropuerto para su expulsión.
Foro Penal, una asociación de abogados que asiste a detenidos de manera arbitraria, ha reportado al menos 1.010 arrestos y 11 muertes por “represión política” durante la crisis postelectoral. González Himiob, vicepresidente de la ONG, señaló que estas acciones forman parte de una política estatal dirigida a restringir los derechos de aquellos identificados como opositores al régimen de Maduro.
Decenas de ONG han documentado detenciones arbitrarias, censura a periodistas, restricciones a la libertad de expresión, arrestos de menores y uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas, entre otras violaciones de derechos humanos.
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Redacción Maduradas con información de Voz de América.
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