La Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que el régimen de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas que enviaron sus testimonios al organismo, para evitar riesgos a su seguridad.
Jerry Lampen/ Reuters
«La Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo 18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría», explicaron.
La CPI enfatizó que “esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó este jueves 27 de abril que el régimen de Nicolás Maduro pidiera «responder» las denuncias plasmadas en el informe publicado por la Fiscalía de CPI con testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, torturas y demás abusos cometidos por el Estado venezolano.
«En un hecho sin precedentes, Gobierno de Maduro pide a la Corte Penal Internacional que le permitan responder al último informe de la Sección de Víctimas. A pesar de que es confidencial y se eliminó información sobre la identidad de víctimas«, señaló la ONG a través de Twitter.
«La petición tiene muy pocas posibilidades de éxito y fines dilatorios. Los Jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al Fiscal, Karim Khan, a retomar la investigación por crímenes, Venezuela I», se explicó desde Provea.
La CPI recibió recientemente los testimonios de cerca de 8.900 víctimas en el proceso de consultas para reanudar la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI recibió reportes de casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física. Además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
Las ONG indicaron que entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la judicatura.
Además de trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo, expolicías y militares; políticos, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas.
Redacción Maduradas con información de la CPI
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