En medio de una escasez cada vez más aguda, Venezuela alcanzó hace poco un hito de dudosa distinción: al igual que Corea del Norte y Cuba, ahora raciona los alimentos de sus ciudadanos. En una reciente y sofocante mañana, María Varge hacía fila afuera del supermercado Centro 99, en Maracaibo, lista para entrar a la caza de productos escasos como aceite de cocina y leche. Antes, tuvo que escanear su huella digital para garantizar que no fuera a comprar más de lo que le correspondía. A pesar del giro tecnológico que supone el uso de la huella frente a la libreta de raciones cubana, el nuevo programa está enfureciendo a los consumidores, quienes dicen que crea esperas tediosas, no alivia la escasez y pasa por alto las reformas económicas que el país necesita para resolver el problema.
“Estas máquinas hacen las filas más largas”, dijo Varge, de 50 años, mientras otros compradores la empujaban. “Entras y aun así puede que no tengan lo que quieres”. El gobierno lanzó el sistema el mes pasado en 36 supermercados del estado fronterizo de Zulia, cuya capital es Maracaibo, y hace poco lo extendió a un selecto número de mercados estatales en Caracas.
Venezuela ha recurrido al racionamiento debido a la escasez causada por lo que los economistas llaman una combinación tóxica de una industria paralizada por nacionalizaciones y la intervención del gobierno, y un complejo régimen de divisas que priva a los importadores de los dólares que necesitan para pagar por bienes básicas.
El desplome del precio del petróleo de Venezuela, que ha caído casi US$15 por barril desde septiembre para cotizar a US$77,65 la semana pasada, producirá incluso más escasez en un país ya corto de efectivo, dicen los economistas.
Según un sondeo reciente de la encuestadora Datanálisis, sólo 30% del nivel normal de bienes básicos estaba disponible, y bajo controles de precios, en un selecto grupo de supermercados de Caracas.
“El gobierno es el que deja que los problemas crezcan”, dijo Eliseo Fermín, miembro de la oposición en el congreso estatal de Zulia. “Ahora, el ciudadano promedio lleva la carga”.
Los artículos básicos con precios controlados —incluyendo leche, arroz, café, pasta dental, pollo y detergente— son racionados con la ayuda de máquinas lectoras de huellas digitales, que se usan para asegurar que el comprador no vuelva una y otra vez para reabastecerse. Los consumidores están limitados a comprar cada semana hasta un kilo de leche en polvo, llamada “oro” por su rareza.
Las autoridades culpan a contrabandistas que presuntamente compran productos controlados aquí para venderlos por una jugosa ganancia en la vecina Colombia.
Aunque los economistas estiman que cerca de 10% de la mercadería para el consumidor venezolano termina en Colombia, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que esa cifra es de 40%. Maduro ha cerrado puntos de control a lo largo de toda la frontera de 1.374 kilómetros durante la noche para reducir el tráfico, y una ofensiva contra los traficantes ha conducido a arrestos de compradores que las autoridades creen que estaban planeando vender en Colombia los artículos adquiridos en Venezuela.
Hace poco, Francisco Arias, gobernador del estado de Zulia y miembro del Partido Socialista de Maduro, dijo en televisión que era responsabilidad de todos unirse contra el contrabando. Arias y otras autoridades dicen que las huellas dactilares son más efectivas para prevenir las compras en masa que las tarjetas de identificación nacional, un método que se usa para rastrear y limitar compras en algunas tiendas de Caracas.
Muchos economistas aseguran que deshacerse de los controles de moneda y precios, así como relajar las restricciones a los productores locales, aliviaría la escasez.
Aquí, en los supermercados de Maracaibo, consumidores acalorados e irritados que esperaban en fila hace unos días resaltaron la ironía de que Venezuela, un país con ventas de US$114.000 millones en crudo el año pasado, deba racionar el papel higiénico. “Es casi para reírse, pero no puedo”, dijo Nayibi Pineda, una mucama de hotel. “¿Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo?”
Los compradores dicen que el tiempo de espera en filas se puede extender por horas debido a escáneres defectuosos. “Estuve cinco horas parado en línea, sufriendo bajo el sol”, relató Luzmaría Vargas al borde del llanto.
Salvador González, secretario de Administración y Finanzas de Zulia, que supervisa las máquinas, dijo que las autoridades requieren que haya escáneres en cada caja registradora para acortar las filas. Los supermercados deben asumir el costo de las máquinas, de alrededor de US$150 cada una. “Nuestro objetivo es garantizar comida barata”, dijo en una entrevista.
Aquí no sólo se raciona la comida. Las autoridades han cortado el agua a los hogares por hasta 108 horas a la semana, dicen los ciudadanos, por problemas como el sistema de distribución.
En la cuna de la industria petrolera de Venezuela, donde el primer pozo fue perforado en 1914, la venta de gasolina también es severamente controlada. Los escáneres leen los códigos de barra que se exigen que estén pegados al parabrisas para prevenir que los conductores llenen sus tanques más de dos veces por semana. La medida está diseñada para evitar que la gasolina altamente subsidiada de Venezuela —donde cuesta menos de un centavo de dólar por litro— se venda en la vecina Colombia, donde el precio del litro es de aproximadamente US$1,15.
“Este país se está cayendo a pedazos”, dijo el chofer Darwin Padilla, mientras se secaba el sudor del rostro en una fila de autos parados en la que llevaba ya una hora. “Como puede ver, tampoco puedo conseguir piezas para reemplazar el aire acondicionado de mi auto”.
“Si no puedo encontrar pañales desechables, uso de tela”, dice Rosa Fernández, madre de un bebé, que señaló que para comprar pañales debe enseñar el certificado de nacimiento de su hijo. “Luego no encuentro detergente. Y si encuentro detergente, no hay agua”.
Algunos artículos que no están bajo los controles de precios, como el desodorante, también son difíciles de encontrar. “¡Miren lo que encontré!”, exclamó una mujer agitando una loción para el cuerpo ante otros compradores al salir de una farmacia. “Pero ya se acabó”, reseñó La Patilla.