Lo que en Venezuela venía planteándose como un ‘choque de poderes’ entre la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la recién electa Asamblea Nacional (AN) –de mayoría opositora–, hoy se advierte como un descalabro del orden constitucional tras la publicación del nuevo decreto de “estado de excepción y emergencia económica” por parte del presidente Nicolás Maduro.
Voces de todo tenor aseguran que el mismo desdibuja el estado de derecho en el país y le otorga al mandatario un abanico demasiado amplio de potestades, una especie de ‘totalitarismo’ a todas luces inconveniente.
Foto: Reuters.
A lo que se suma la tensión social generada por las dilaciones en el proceso revocatorio del mandato de Maduro impulsado por la oposición, que causó que miles de venezolanos salieran a las calles la semana pasada a presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Más el rosario de los ya habituales problemas de desabastecimiento, escasez de medicinas, inflación desbordada e inseguridad.
Ya una semana antes de la emisión del decreto, la AN concluyó que las reiteradas sentencias del TSJ, de manifiesta inclinación oficialista, en contra de sus decisiones –la ilegalización de sus leyes y una reciente prohibición a la directiva parlamentaria para regular los debates– constituían una ruptura del hilo constitucional por interferir sobre sus atribuciones y neutralizar sus competencias, siendo el parlamento una institución elegida por el pueblo. (Además: Henrique Capriles sugiere desacatar estado de excepción en Venezuela)
Pero fue el nuevo decreto de estado de excepción el que prendió las alarmas. Tan solo en términos de formalidades, ya el Poder Ejecutivo incurrió en varias irregularidades, según explicó a EL TIEMPO la abogada y profesora universitaria Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia: “Estamos frente a un nuevo decreto de emergencia económica. Debemos recordar que ya el Presidente solicitó uno que estuvo vigente, incluyendo su prórroga, y la Constitución no permite que se dicte un nuevo estado de excepción bajo los mismos términos”.
Fallo favorable
“Tampoco se respeta que la AN lo haya rechazado (el martes) y la Constitución establece que esa es la única instancia facultada para aprobarlo. El TSJ solo puede opinar sobre su constitucionalidad después de la decisión de la AN”, precisa.
Pero el Supremo publicó el jueves su visto bueno al decreto, lo que ha sido tomado por Maduro como más que suficiente para asegurar que está vigente. (Lea: Por crisis económica, venezolanos comen cada vez menos carnes)
Mediante un comunicado, 16 de las más importantes ONG venezolanas –entre ellas Provea, Cofavic y Espacio Público– advirtieron que, de fondo, el decreto “constituye una ruptura del orden constitucional” que pretende “legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del poder público por parte del Ejecutivo nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos”.
Específicamente, los apartados en los que el decreto permite al Presidente elaborar el presupuesto nacional y ejecutar contrataciones públicas sin pasar por la AN , a la que además le prohíbe expresamente ejecutar mociones de censura contra los ministros –atribuciones todas establecidas en la Constitución–, constituyen para estos entes una usurpación de funciones, “peligrosa para la seguridad de la nación”.
“No hay en la Constitución un mecanismo que le permita a nadie suspender las atribuciones de la Asamblea”, precisa el actual consultor jurídico de la Asamblea y exdecano de Derecho de la Universidad Católica, Jesús María Casal. “Maduro intenta suspender la Constitución por la vía de un decreto repetido que además ha dicho que seguirá el resto del año, aun cuando los estados de excepción tienen lapsos establecidos. Hay un intento de mutilación de las competencias parlamentarias. Sin duda, el Ejecutivo ha llegado a niveles muy graves de erosión de la institucionalidad”. (Lea: Venezuela: 8.000 empresas cerradas en dos décadas)
Maduro ha reiterado en sus alocuciones que el pueblo “fue engañado” por la oposición y por eso votó contra el chavismo en las elecciones del 6 de diciembre. Al asegurar que el nuevo parlamento solo tiene el objetivo de sabotear su gestión, ha dicho que la desaparición de la nueva Asamblea es “cuestión de tiempo” y su neutralización, necesaria para la sobrevivencia de la revolución. Incluso se preguntó públicamente: “¿Esta Asamblea llegará hasta octubre? ¿Qué opinan?”.
También, por vía de decreto, Maduro decidió permitir a los consejos comunales y recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) encargarse de “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país” y a su figura “dictar medidas y ejecutar planes de seguridad pública que garanticen el orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país”.
Mezcla explosiva
La amplitud de este apartado es evaluada por la abogada Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, como el escenario legal perfecto para la creación de grupos con capacidad represiva al margen de la ley. “Esa mezcla explosiva de permitir a organismos que no están en la Constitución involucrarse en temas de soberanía y orden público nos parece que es la activación de grupos parapoliciales”, dice a este diario. Control Ciudadano dijo que “estamos frente a una dictadura de nuevo cuño, decidida a avanzar por la vía de decreto para gobernar el país desmarcándose de la camisa constitucional”. (Además: El colapso venezolano en cuatro dramáticos retratos de su realidad)
Aunque señala que todavía no hay una ruptura formal del orden constitucional, el internacionalista Carlos Carcione, coordinador de investigación del partido Marea Socialista, destaca que el decreto abona ese camino. “Todavía no se han aplicado todas las medidas que permite el decreto, pero este expresa a viva voz el deseo, la voluntad del Gobierno de Maduro de eliminar a la República como forma de gobierno. Si se sigue avanzando por la eliminación de facto de los poderes, no es otra cosa lo que va a ocurrir aun cuando se intenten mantener las formas”.
Carcione asegura que Maduro “está dando al traste con la obra más completa que hizo el presidente Hugo Chávez: la Constitución”.
Información de El Tiempo