José Gregorio Baptista, abogado de Ginette Hernández y su tío Lessi Marcano, dos tuiteros que han sido condenados por «conspirar contra el gobierno» (si, tuiteando…), interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado Venezolano.
“Pedimos a la Comisión-IDH que exhorte al Estado venezolano a que obligue a la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, y a la Vice-Ministra Mirely Contreras, a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes venezolanas”, manifestó el jurista
De acuerdo con lo explicado por Baptista, la referida instancia del Ejecutivo mantiene retenidos de manera injustificada los resultados de los informes psico-sociales que les practicaron a Hernández y Marcano, y que son requisitos indispensables para obtener la libertad por la vía de una medida sustitutiva de cumplimiento de condena.
Lessi Marcano, quien es arquitecto y vidente, fue detenido el 14 octubre de 2014 luego de “predecir” la muerte del diputado Robert Serra, hecho ocurrido el 1° de octubre de ese año.
El 25 de septiembre escribió en la red social Twitter el siguiente texto: “Habrá luto en la Asamblea Nacional. Compren velas blancas”, y un mes más tarde fue apresado y acusado por los delitos de informaciones falsas, incertidumbre pública, oferta engañosa y agavillamiento.
A Hernández, señalada por ser quien presuntamente manejaba la cuenta donde fue escrito el mensaje, la acusaron y condenaron por oferta engañosa y agavillamiento.
El Tribunal 33° de Juicio de Caracas sentenció a Marcano a un año y nueve meses y a su sobrina a un año y tres meses, y ambos fueron enviados a la sede del Sebin (El Helicoide) como centro de reclusión .
“Es el caso que ambas personas debieron salir en libertad desde hace tiempo porque la legislación venezolana otorga suficientes beneficios procesales cuando se trata de penas menores. Por el contrario, estos ciudadanos aún se encuentran privados de su libertad debido a que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios ha retardado desde hace 8 meses la entrega ante el tribunal de la causa del informe realizado en marzo 2015, que le devolvería la libertad a ambos”, manifestó Baptista.
Con información de El Impulso.