En un estudio realizado por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello advierte que uno de cada cinco niños desescolarizados, abandonó la escuela antes de los 15 años de edad y 56,2% lo hizo entre los 15 y 19, en su mayoría sin completar el bachillerato.
El alto costo de los útiles escolares, el largo trayecto que deben atravesar los estudiantes para llega a la escuela, un embarazo no planificado o, en buena parte de los casos, la necesidad de un trabajo son las razones que obligan a los menores a desertar las aulas, abarcando este último punto 2% de la población masculina desescolarizada entre 12 y 17 años, de acuerdo con los resultados.
A propósito del trabajo como motivo de deserción, hoy se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, promovido desde 2002 por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Apegados al lema !No al trabajo infantil, sí a una educación de calidad!, este año las organizaciones buscan promover políticas coherentes y eficaces para hacer frente a la explotación infantil y garantizar el acceso a una educación de calidad y la inversión en personal docente.
Más de 120 millones de niños de ambos sexos, entre cinco y 14 años de edad, están sometidos al trabajo infantil en todo el mundo, una situación que, según coinciden expertos, atenta contra los derechos humanos en las zonas más pobres de Asia y África, y que en el país está ligada a un patrón de pobreza.
Aunque en Venezuela existe un marco legal, que prohíbe el abuso y la explotación laboral, Maritza Gómez, docente y experta en derechos humanos de la UCV, asegura que son múltiples las actividades desempeñadas por menores para obtener dinero. Relata que en las áreas urbanas son numerosos los infantes que deben vender flores, folletos o artículos para ganarse la vida.
«Con el auge de algunas actividades emergentes como el bachaqueo los niños también son incorporados por grupos inescrupulosos a las colas. En los barrios y cementerios son los muchachos quienes lavan los carros, recogen basura, limpian patios o peor aún, distribuyen drogas», afirma.
Insiste que en algunos casos las actividades violan la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) y los convenios internacionales, que además establecen que la edad mínima para el trabajo no debe ser inferior a la edad de culminación de la educación obligatoria. Gómez cita el Art. 94 de la Lopna que versa sobre el rol protector del Estado y las familias contra el provecho económico de los niños.
Para mitigar esos y otros abusos, desde hace 24 años, Fundana abriga a muchachos maltratados, que son alojados en las Villas de los Chiquitos, con una capacidad de 120 personas. El objetivo, explica la directora, Nathalie Abuchaibe, es reinsertarlos en su familia de origen, con el apoyo de su Programa de Fortalecimiento Familiar.
Con información de El Universal.