Una multitud desesperada está tocando a la puerta de sus vecinos. Son las decenas de miles de venezolanos que huyen de la crisis por América, donde enfrentan legislaciones cada vez más restrictivas en medio de brotes de xenofobia.
América Latina, que vio salir a millones de personas hacia Estados Unidos o Europa a finales del siglo XX por motivos económicos o políticos, está bajo la presión de atender a los venezolanos que en un importante número están migrando a pie.
Una crisis que quedó retratada en las imágenes de caminantes por márgenes de carreteras, que el chavismo niega como un montaje “tipo Hollywood” contra el gobierno de Nicolás Maduro.
A falta de una política coordinada, cada país está adoptando sus propias medidas para encarar el inusual flujo migratorio que van desde la exigencia de visa o pasaporte, documento al que los venezolanos no pueden acceder fácilmente en medio de la escasez, hasta el despliegue de tropas para evitar situaciones de violencia, como en el caso específico de Brasil.
Y aunque muchos se han encontrado con un trato solidario, expertos estiman que la región no puede preciarse de tener una política de fronteras abiertas.
“Es un marco de medidas restrictivas que va en contra de la movilidad humana. Vulnera los derechos e incrementa las posibilidades de inseguridad ante (…) el tráfico de personas”, sostiene María Amelia Viteri, investigadora en migraciones de la Universidad San Francisco de Quito.
¿Fronteras abiertas?
Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando recrudeció la situación económica.
El 90% se ha quedado en América Latina, según cifras del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Colombia, principal destino de la diáspora venezolana, ha recibido casi un millón de personas y regularizado temporalmente a unos 820.000. Para ingresar a su territorio, los venezolanos necesitan cédula si es que van de paso hacia otros países o pasaporte vigente si quieren tramitar su estadía.
Todavía Bolivia les permite el ingreso con este documento y una estancia de 90 días en condición de turistas. Desde 2014 ha recibido a unos 25.600 venezolanos y la cifra va en aumento.
En 2015, 1.100 venezolanos tramitaron su residencia legal en Uruguay y la cifra está aumentando a un ritmo de 20% anual. En Argentina están radicados 95.000 (30.000 pendientes de regularización).
Brasil, que decidió desplegar tropas para reforzar la seguridad en el estado de Roraima, punto de entrada por tierra de miles de venezolanos, también los deja ingresar con cédula. Sin embargo, el gobierno estudia imponer límites a la migración ante episodios de violencia y xenofobia. Desde 2017 habían llegado 110.000 venezolanos, según cifras con corte a mayo.
Información de AFP
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