El tribunal de justicia especial de Colombia comenzó a remover una fosa en un cementerio de un pueblo del noroeste del país para exhumar unos 50 cadáveres de personas que habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en el conflicto armado interno, informó el organismo judicial.
Reuters
La Justicia Especial para la Paz (JEP), que surgió del acuerdo firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), inició las labores de remoción y exhumación en el cementerio católico del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia.
«Esta diligencia se realiza luego de una serie de versiones voluntarias, en las que un exintegrante del Ejército indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado en Dabeiba», dijo un comunicado de la JEP emitido el sábado en la noche.
«Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate o falsos positivos. Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad», agregó.
La JEP, que investiga todos los crímenes cometidos en medio del conflicto armado con las FARC, aseguró que desde el nueve de diciembre y hasta la fecha se han exhumado siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos, pero de inmediato no reveló la fecha ni las causas en que murieron.
De encontrarse los 50 cuerpos, se trataría de una de las más grandes masacres de civiles por parte de efectivos del Ejército Nacional en medio del conflicto armado, dijo una fuente del tribunal.
De acuerdo con grupos de derechos humanos, las Naciones Unidas e investigaciones de la Fiscalía General, durante el combate contra la guerrilla los militares presentaban a civiles muertos como si fueran guerrilleros, vistiéndolos con uniformes y plantándoles armas para ganar beneficios en una conducta ilegal denominada como «falsos positivos».
Al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales se presentaron en Colombia entre 1998 y 2014, la mayoría en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, según un informe de la Fiscalía General, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que las víctimas de los falsos positivos ascenderían a 4.000, casi todas desaparecidas forzosamente.
Decenas de efectivos del Ejército Nacional han sido capturados y condenados por estos casos y en los últimos años varios se han presentado a la JEP para confesar ejecuciones extrajudiciales y conseguir sentencias más blandas que las que contempla la justicia ordinaria.
La Justicia Especial para la Paz establece sentencias más cortas y beneficios para antiguos miembros de la guerrilla, agentes del Estado y civiles implicados en el conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos, unos seis millones de desplazados y más de 26.000 desaparecidos que se presumen fueron asesinados.
El Ministerio de Defensa dijo que después de la firma del acuerdo de paz con las FARC los miembros de las Fuerzas Militares ratificaron su compromiso de contribuir a la construcción de la verdad por lo que se han presentado voluntariamente para contribuir a lograr la reconciliación del país.
Redacción Maduradas con información de Reuters
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