La Comisión Europea (CE) anunció este lunes 19 de octubre una nueva propuesta para atribuirse nuevos poderes de vigilancia sobre las prohibiciones de viaje al territorio comunitario que impone la Unión Europea (UE) a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Venezuela y otros países del mundo.
Esta propuesta, que aún deben revisar y aprobar los Estados miembros de la Unión -en quienes recae ahora esta tarea-, prevé también dotar de más flexibilidad al bloque comunitario a la hora de imponer medidas restrictivas a las personas responsables de estas violaciones o abusos, habitualmente tanto prohibiciones de viaje a la UE como la congelación de activos.
“La propuesta daría por primera vez a la Comisión Europea una vigilancia sobre la implementación de las prohibiciones de viaje“, explicó el vicepresidente de la CE Maros Sefcovic, que compareció hoy ante la prensa para presentar el programa de trabajo del organismo para 2021.
Aunque no dio más detalles de cómo se pondría en práctica esta mayor flexibilidad a la hora de imponer sanciones, sí dijo que la UE está “comprometida con avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo y hacer rendir cuentas a los responsables de sus abusos”.
“En la actualidad, la UE tiene regímenes de sanciones específicas por países, como en Siria, Bielorrusia o Venezuela. El nuevo régimen nos daría más flexibilidad (para actuar) sin importar dónde tengan lugar las violaciones o quién es el responsable”, añadió Sefcovic.
El vicepresidente del Ejecutivo comunitario insistió en que la UE “no ve las sanciones como un fin en sí mismas sino una herramienta política para cambiar el comportamiento” de los implicados, y afirmó que las últimas noticias sobre abusos de derechos humanos en el mundo “suman a la urgencia de asegurar” este nuevo instrumento.
“Por lo que hemos oído del alto representante (de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell), es optimista sobre que se pueda lograr un consenso para la adopción” de la propuesta, dijo Sefcovic.
Los ministros de Exteriores de la UE acordaron en diciembre del año pasado pedir la creación de un marco legal que permita a la UE imponer sanciones por violaciones graves de los derechos humanos, un instrumento que, según Borrell, sería el equivalente europeo a la ley estadounidense que lleva el nombre del abogado ruso Serguéi Magnitski.
Magnitsky murió tras ser detenido en una prisión de Moscú en 2009 después de investigar un supuesto gran fraude fiscal perpetrado por funcionarios rusos.
EFE
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