Este miércoles 3 de noviembre, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), notificó que el caso de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela pasan a fase de investigación por parte de la corte de La Haya.
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Esto quiere decir que Nicolás Maduro podría ser, eventualmente, condenado a prisión por los abusos de poder y violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela desde 2017.
«Los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y deben garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela I y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma«, expresa un memorando leído durante una reunión con Nicolás Maduro y varios de sus altos funcionarios en el Palacio de Miraflores., con la que concluye su visita al país.
Si la investigación en contra del régimen venezolano diera como resultado que, en efecto, en el país se cometieron delitos en contra de los derechos humanos, Maduro podría convertirse en uno de los 34 condenados por la corte internacional.
De acuerdo con Infobae, la lista de presidentes o jefes de Estado investigados por el máximo tribunal apenas incluye a otros cinco líderes: Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda). Todos ellos han sido procesados por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
A continuación, el detalle de cada uno de los investigados:
Slobodan Milosevic
Fue presidente de la República Socialista de Servia desde 1989 y, con su llegada al poder, tras la caída de regímenes comunistas en Europa del Este, potenció un fuerte discurso de corte nacionalista. Estuvo en el poder durante 13 años, durante los cuales alimentó el conflicto étnico y los asesinatos en masa en la antigua Yugoslavia. Por esto, fue derrocado en el 2000.
No conforme con lo anterior, en 2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó su detención, petición concedida por las autoridades serbias. Sin embargo, Milosevic se resistió violentamente a la aprehensión durante dos días, hasta que el 1 de abril de ese año acordó su entrega en Belgrado y fue trasladado a La Haya.
Fue procesado por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, durante la guerra de Yugoslavia. Se le señaló por el papel que desempeñó en los conflictos de Bosnia (1992-1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999). De hecho, la CPI lo acusó de querer crear, con tales acciones, la llamada «Gran Serbia» y congregar así a todos los Estados serbios de la antigua Yugoslavia en uno solo.
De este modo, Milosevic se convirtió en el primer ex jefe de Estado que comparecía ante un tribunal internacional en el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa después del de Nüremberg (1945-1946). Sin embargo, nunca cumplió su sentencia, ya que el el 11 de marzo de 2006, fue hallado muerto en su celda, en el centro de detención del tribunal penal en Scheveningen, en La Haya.
Muammar Gaddafi
Lideró Libia durante cuatro décadas, las cuales abarcaron desde 1969 hasta 2011, año en el que se desataron una serie de manifestaciones populares que demandaban reformas políticas y económica. La respuesta del gobernante fue una rotunda negativa y una dura represión que dejó varios muertos y heridos.
Entonces, la CPI ordenó la captura de Gaddafi; de su hijo, Saif el Islam; y de Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, por crímenes de lesa humanidad, ya que, según Sanji Monageng, presidente de la sala que pidió la detención del dictador libio, los acusados «controlaban el aparato estatal y a las fuerzas armadas que atacaron a la población durante las revueltas».
El conflicto generó una rebelión a gran escala, así como un histórico conflicto armado que contó con el apoyo de la OTAN y otros países aliados a los opositores. Finalmente, cuando las tropas opositoras lograron el control de la capital, Gaddafi huyó a Sirte.
El dictador no llegó a ser trasladado a La Haya, ya que en septiembre de 2011 fue capturado por las milicias de Misrata y fue ejecutado.
Omar al-Bashir
El aludido, conocido como «el carnicero de Darfur», gobernó Sudán durante 30 años, específicamente, entre 1993 y 2019. En marzo de 2009, la corte internacional ordenó su captura por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, donde, en 2003, fueron asesinadas al menos 300.000 personas.
En su caso, fue el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI.
Curiosamente, en 2010, el tribunal lo volvió a acusar de genocidio y en abril de 2019 fue derrocado, luego de las masivas protestas que comenzaron en diciembre de 2018, todo como consecuencia de la crisis económica que aún hoy sufre el país.
El dictador se encuentra encarcelado en Jartum. No fue sino hasta el pasado mes de agosto que el Gobierno de Sudán confirmó a Karim Khan su intención de entregar a los ex dirigentes a los que acusa de crímenes de guerra en Darfur, entre ellos Al-Bashir.
Jean Kambanda
Fue el primer ministro de Ruanda desde el inicio del genocidio de 1994. El 18 de julio de 1997 fue arrestado en Nairobi, capital de Kenia, y trasladado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La intención de este tribunal era «arrestar, juzgar y condenar a los autores o promotores del genocidio que provocó el asesinato de entre quinientos mil y un millón de personas de la población tutsi».
El 4 de septiembre de 1998, el Tribunal condenó a Kambanda a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Entre los crímenes específicos que se le acreditaron destacan: genocidio y acuerdo para cometer genocidio, incitación pública y directa para cometer genocidio, ayudando e instigando el genocidio, fallando en su deber de prevenir el genocidio que ocurrió mientras era primer ministro y dos cargos de crimen de lesa humanidad.
Laurent Gbagbo
Fue presidente de Costa de Marfil entre 2000 y 2011. Además, en 2011, se convirtió en el primer ex jefe de Estado bajo custodia de la CPI.
Vale señalar que, tras las elecciones de 2010, en el país, se desató un escenario de violencia, luego de que Gbagbo se declarara ganador de las elecciones presidenciales, pese a que comisión electoral independiente le había acreditado el triunfo al opositor Alassane Ouattara. Por este hecho, la comunidad internacional reconoció al opositor como ganador, e impuso sanciones económicas a Gbagbo.
Com consecuencia de la guerra civil, también se produjo una importante intervención militar, sobre todo de tropas francesas. El abril de 2011, el hombre fue detenido en un búnker en el que se había recluido durante varios días a manos de las fuerzas que respondían al electo Ouattara.
En noviembre de ese mismo año, fue extraditado a La Haya para ser juzgado por laCPI por crímenes de lesa humanidad que se cometieron en 2010, tras la jornada electoral.
Nicolás Maduro
Ahora, Nicolás Maduro, quien se encuentra al frente del régimen venezolano desde 2013, enfrenta una investigación de parte de la CPI, ya que cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos. Entre quienes lo señalan, destacan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En específico, en el informe de la CPI, se apuntan como ejecutores de los abusos, directamente a cuerpos de seguridad del régimen: la Policía Nacional Bolivariana; (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Del mismo modo, según el documento presentado por el fiscal de la CPI, Karim Khan, tras su visita a Venezuela, también participarían en tales abusos las milicias «paramilitares», conocidas como “colectivos”.
«(Actuaron) junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento (…). En relación con el presunto rol de los actores mencionados, el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes», añade el documento.
Redacción Maduradas con información de Infobae
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