El expresidente del gobierno español Felipe González, quien ha defendido abiertamente ante el mundo la necesidad de dar a respetar los derechos humanos en Venezuela y quién además es partidario de la liberación de los presos políticos del país, publicó una carta abierta dirigida a Nicolás Maduro.
«Usted, señor presidente, debe respetar y hacer respetar la libertad de prensa y de opinión, sin perseguir a los medios —ya muy escasos— que representan opiniones discrepantes.
Usted, señor presidente, que concentra todos los poderes del Estado, puede y debe ordenar la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados», señala el exmandatario.
A continuación el texto:
La inseguridad física de los ciudadanos se está convirtiendo, tras el desabastecimiento alimentario, en la preocupación dominante del pueblo que se siente indefenso ante los asaltos, secuestros, robos y asesinatos.
Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo, incluidas las muertes de servidores públicos de las fuerzas de seguridad. El llamado OLP, que es el número 26 de los puestos en marcha para atajar el problema, sin resultados reales.
También hay una crisis institucional. El Estado, que ha concentrado sus poderes en el ejecutivo, no funciona más que para hacer declaraciones responsabilizando a los demás de su fracaso. La Asamblea Nacional ha delegado en el presidente de la República que asume mediante decretos ley las funciones del legislativo. Pero la AN tampoco ejerce la función imprescindible de control de la acción de Gobierno, aplastando las voces de la oposición para que no haya críticas a los errores y la inacción del Gobierno.
La convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional abre una vía de esperanza, si se dan las condiciones razonables para que la contienda electoral sea justa, pero no resuelve por sí sola la crisis de gobernanza que atraviesa el país. Las instituciones deben garantizar que no se alteran a capricho los circuitos electorales, que exista una presencia de observadores creíbles desde ahora, porque se están tomando decisiones que pueden afectar a la razonable igualdad de oportunidades entre los contendientes.
Los ciudadanos, sobre todo las madres de familia más humildes, aguantan sin esperanzas las largas colas para acceder a los alimentos o las medicinas que necesitan. No funciona la producción nacional, ni es suficiente la importación, ni hay eficacia en la distribución de estos bienes racionados. Están en una situación alimentaria de emergencia y el Estado no es capaz siquiera de distribuir con eficacia la escasez que sus políticas ha provocado.
Los salarios están siendo devorados por una inflación sin control. Incumpliendo los más elementales deberes de las instituciones ocultan las cifras, que todos los analistas sitúan por encima del 140%. Nadie, ni los más partidarios del Gobierno, desconocen que un dólar vale más de 700 bolívares en la calle, que es donde vive o sobrevive la gente, y no la ficción oficial de 6,30 bolívares por dólar.
En nombre de la “revolución” han liquidado lo público y lo privado, desde PDVSA a la industria del acero, pasando por la producción alimentaria o la de medicamentos. Incautando lo que funciona y estatalizándolo han conseguido que todo se paralice, que la productividad desaparezca, que lo único que prospere sea la “boliburguesía” depredadora de los recursos y, ahora, de la escasez y la pobreza.
La democracia sigue siendo el sistema menos malo que existe. La democracia se legítima en origen por el voto de los ciudadanos, como la condición necesaria, pero no suficiente. Porque necesita que el Gobierno cumpla con sus programas, que el Parlamento o asamblea lo controle y elabore leyes para todos, que se respete a las minorías, que la división de poderes sea real, que haya garantía de libertad de opinión y de información, así como de elección de los representantes de los ciudadanos.
En Venezuela se vota. Por eso son tan importantes las elecciones del 6 de diciembre. Pero no se cumple nada más. No hay legitimidad de ejercicio. El desafío del 6 de diciembre es más decisivo que una elección normal de la AN. Los medios de comunicación públicos son de todos los venezolanos y el acceso a ellos debe reflejar la pluralidad de opciones políticas y no ser un monopolio de sus partidarios.
Usted, señor presidente, debe respetar y hacer respetar la libertad de prensa y de opinión, sin perseguir a los medios —ya muy escasos— que representan opiniones discrepantes.
Usted, señor presidente, que concentra todos los poderes del Estado, puede y debe ordenar la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados.
Si lo hace demostrará dos cosas: que es el presidente que representa a todos los venezolanos y que no teme a la contienda electoral limpia que su país merece.
Con información de El Nacional.