«Cuando expertos de la Corte Penal Internacional (CPI) revisen e investiguen se van a sorprender», expresó este miércoles 3 de noviembre Tarek William Saab, fiscal general chavista del Ministerio Público (MP), luego de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara este miércoles 3 de noviembre, tras su visita por Venezuela, que la posible comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro avanza a «fase de investigación».
El Nacional.
«Este memorándum de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la CPI, es una victoria de las instituciones democráticas venezolanas», aseveró durante una entrevista ofrecida por el canal controlado por el propio régimen, la «multiestatal» TeleSUR.
«Cuando hablan de cientos de casos de violaciones de lesa humanidad en Venezuela yo quisiera saber cuáles son. Cuando expertos de CPI revisen e investiguen se van a sorprender de que efectivamente ha habido un largo trabajo, experticias forenses, técnicas, imputaciones. Este año van 188 condenatorias, eso dice que hay una actividad del sistema penal para castigar a quienes violaron derechos humanos», agregó el funcionario.
«Con este memorándum se fortalece el hacer justicia en las instituciones. El MP tiene una oficina para personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, no existen esas oficinas en muchos países del mundo donde hemos atendido en este año a más de 700 personas en Caracas. Venezuela tiene adelantada de manera fuerte todo el trabajo que la CPI en el terreno va a conocer. Va a florecer la verdad cuando busquen los supuestos cientos de casos de violaciones que tenían en ese informe preliminar», agregó.
EL CASO PASA A FASE DE INVESTIGACIÓN
«El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y a Maduro.
Vale recordar, que la CPI mantenía abierto un examen preliminar contra el régimen, desde febrero de 2018, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad contra la ciudadanía, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde se habría maltratado a opositores políticos.
En tanto, la investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de las manifestaciones durante dicho año.
La respuesta de Maduro fue que las partes «acordaron» que Venezuela, como jurisdicción nacional, «adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la CPI en virtud del principio de complementariedad».
Redacción Maduradas
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