El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció este miércoles 29 de septiembre que el régimen de Nicolás Maduro emprenderá acciones legales para recuperar las filiales de Pdvsa Monómeros Colombo Venezolanos S.A y Citgo, administradas desde el 2019 por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Prensa Miraflores
«Queremos ratificar la voluntad firme, inquebrantable y absoluta del gobierno de emprender todas las acciones legales, tanto internas como internacionales, para que rescatemos ambas empresas. No vamos a permitir este robo que se pretende hacer a Citgo y Monómeros», indicó el funcionario chavista en una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
Señaló como responsable de presuntos actos de corrupción en las mencionadas empresas al propio mandatario interino y otros dirigentes de la oposición venezolana, como Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio y el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles. También culpó al presidente de Colombia, Iván Duque.
«Estamos investigando, ya que estos fondos se han constituido en una suerte de caja chica para los familiares de Guaidó, Vecchio y Borges, entre otros ladrones. Esta plata la despilfarran y la gastan en viajes, en lujosos hoteles (…) un desastre total, mientras los venezolanos están a la espera de trasplantes y atención médica», agregó El Aissami.
#EnVideo📹| Vicepresidente @TareckPSUV: Juan Guaidó y Leopoldo López designaron una junta directiva en Monómeros, en complicidad con Iván Duque, y la secuestraron. ¡Hoy es una empresa quebrada!#AndaYVacúnate pic.twitter.com/lKGy56HcVv
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 29, 2021
¿QUÉ PASÓ CON MONÓMEROS?
La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció que en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, previstas en la Ley 222 de 1995, sometió a control a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
El control es el máximo grado de supervisión que ejerce la reguladora sobre una sociedad comercial, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo.
«Esta es una atribución de carácter administrativo que se limita, entre otras, a la facultad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas, que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de la misma sociedad, respectivamente», estableció el ente regulador.
Redacción Maduradas
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