El fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció este jueves que gerentes de PDVSA podrían estar involucrados en operativos de tráfico ilegal de combustible.
Foto: @MinPublicoVE.
«Hemos judicializado un nuevo hallazgo que tiene que ver con el presunto tráfico ilegal de combustible venezolano», indicó Saab en una rueda de prensa desde el Ministerio Público.
El fiscal indicó que luego de una denuncia recibida por el MP fue iniciada una investigación en el Terminal de Embarque de Guaraguao de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, por la «presencia sospechosa de dos buques tanqueros con bandera extranjera que se disponían a cargar crudo y diésel en condiciones irregulares».
Saab explicó que durante la inspección se pudo verificar que uno era de bandera griega «New Sifnos» y «pretendía cargar la cantidad de 300.000 barriles de crudo (…) Su capitán presentó documentación para la carga por un año de 1.300.000 barriles de crudo, de manera totalmente falso. Falsificó no solo firma de un alto gerente de PDVSA sino que todo el documento era falso».
Añadió que descubrieron la existencia de otro buque tanquero con bandera de Bahamas «Stenaweco Caterina Corrado», e indicó que «se encontraba en el puerto para cargar 30.000 barriles de diésel (…) Se realizó una inspección al mismo y entregó una documentación por la compra de 5 millones de galones de diésel que le entregaría PDVSA (…) Se determinó que los documentos también eran falsos».
“Carlos Smith Perez y otro socio, a través de la empresa Manta Internacional, negoció con la empresa LatinoOil una supuesta carga de 5 millones de diésel con documentación falsa”, comentó Saab.
Saab precisó que a las personas mencionadas les serán imputados los delitos de asociación para delinquir, falsificación de sello público, forjamiento de documento público y uso de documento público forjado.
Asimismo, a estas personas les serán precalificados los tipos penales de concertación o defraudación de funcionario en contrato con empresa petrolera y, contrabando de extracción agravado en modalidad de comercio de combustible en territorio.
En ese sentido, el fiscal general indicó que se evitó un daño patrimonial a la República de aproximadamente 40 millones de dólares por esta inspección y judicialización que se llevó a cabo de la mano con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Redacción Maduradas
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