Venezuela se encamina hacia la celebración de sus sextas elecciones presidenciales bajo la Constitución de 1999. A pesar de las promesas de las autoridades, recogidas en documentos como los acuerdos de Barbados de finales de 2023, este proceso parece no cumplir con las condiciones para considerarse “limpio, justo y transparente”.
EFE/ Miguel Gutiérrez
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación contra la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, así como contra otros connotados disidentes y la fecha escogida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la celebración de las votaciones, el mismo día en que el fallecido Hugo Chávez cumpliría años, ya daban motivos para sospechar sobre la calidad del proceso.
Sin embargo, una revisión más minuciosa realizada por la organización Acceso a la Justicia, sobre el trabajo hecho hasta ahora por el organismo comicial, arroja al menos otras tres alarmas.
1.Fuera de lapso y de lugar
El 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó las elecciones presidenciales previstas para 2024. Sin embargo, al dar esa noticia, no cumplió cabalmente con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que obligaba a hacer público ese mismo día “el cronograma electoral”.
Los rectores apenas se limitaron a anunciar las fechas de algunos de los actos y fases relacionados con los comicios, tales como el lapso de postulación de candidatos o el inicio y culminación de la campaña.
Dos días después, el organismo publicó un cronograma más detallado, aunque el mismo no figura en la Gaceta Electoral, sino en dos lugares distintos: una lista de actividades está recogida en la resolución n.º 240305-011 del 5 de marzo y otras están en su página web.
2.Nuevos trámites y requisitos
En el cronograma publicado por el árbitro en su sitio web, se incluyen 101 actividades, algunas de las cuales son inéditas y no se llevaron a cabo en las elecciones presidenciales de 2012, 2013 o 2018. Entre estas actividades se encuentra la «revisión del estatus de organizaciones políticas con fines políticos validados para postular».
El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó 4 días a los partidos existentes o a aquellos que aspiraban a constituirse para someterse a este nuevo trámite. Esta medida dio lugar a la creación exprés de formaciones oficialistas como el Movimiento Futuro Venezuela (partido del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que postula a Nicolás Maduro Moros).
Como resultado de esta revisión, las autoridades electorales anularon a varios partidos opositores, incluyendo Convergencia, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Unión y Entendimiento (Puente) y el partido Gente.
En total, unas 15 organizaciones fueron canceladas al no superar la revisión del CNE. Esta medida parece ir en contra del principio del pluralismo político consagrado por el artículo 6 de la Constitución, así como contra la libertad de asociación (artículo 52) y la asociación política (artículo 67).
3.Escogiendo a los rivales
En los últimos años, las autoridades han continuado con su estrategia de eliminar a los competidores más serios. Sin embargo, en esta ocasión, no solo han recurrido a las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República contra aquellas personas que consideran responsables de irregularidades contra el erario, sino que también han utilizado otras herramientas, algunas de las cuales no se habían visto antes.
Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no permitió que la oposición inscribiera a la profesora Corina Yoris, quien había sido escogida por la candidata unitaria María Corina Machado y por los partidos de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) como abanderada presidencial opositora.
La razón fue que el sistema informático necesario para realizar este trámite no funcionaba correctamente. Ángelo Palmeri (UNT) y el periodista Manuel Isidro Molina (Nuvipa) también enfrentaron problemas similares, aunque el árbitro electoral no explicó las razones.
Redacción Maduradas con información de Acceso a la Justicia