Este martes 6 de diciembre, un tribunal argentino condenó a Cristina Fernández Kirchner, vicepresidenta del país, a seis años de prisión, por el delito de administración fraudulenta, durante los 12 años en los que gobernaron ella y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
Monitoreamos.
Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. Según BBC, la sentencia también la inhabilitaría de ocupar cargos públicos de por vida.
Con este evento, Kirchner sería la primera vicepresidente en funciones que es juzgada y condenada por la justicia. Sin embargo, la funcionaria continúa negando los cargos, alegando que es víctima de una campaña de «lawfare» o «guerra jurídica».
A continuación, las 4 claves sobre el caso:
¿De qué se le acusa?
Es importante señalar que la exmandataria fue condenada por, presuntamente, haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la Presidencia.
«(Los Kirchner) instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país», revelaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.Q
La misma acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz. Al frente de esta empresa, pusieron a Lázaro Báez, amigo de la familia, el cual habría actuado como testaferro. A pesar de contar con experiencia como gerente del Banco Santa Cruz, no la tenía en el rubro de la construcción.
El aludido, a su vez, fue sentenciado, en 2021, a 12 años de prisión por lavado de dinero y, en este nuevo juicio, también fue condenado, junto a otros siete funcionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya está detenido por otras causas de corrupción.
Aparentemente, según los fiscales, la empresa de los Kirchner recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz en esa época. De estas, solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron.
«Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional», indica la acusación, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de $1,000 millones.
Declaraciones de Cristina Fernández
Sin embargo, la principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias que vincularan, directa y personalmente, a la entonces presidenta con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
«Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», dijo, vía Twitter.
Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019
Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
«El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación«, observó.
Así mismo, indicó que el Congreso, otro poder del Estado argentino, aprobó dichas inversiones, cuando se sancionó la Ley de Presupuesto.
«Lawfare»
De acuerdo con BBC, además de desestimar las acusaciones en su contra, Kirchner ha mantenido que la llamada «causa vialidad», que se inició por una denuncia presentada por la oposición en 2008 y llevó a su procesamiento en 2016, durante el primer año de gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, es parte de una «persecución política, mediática y judicial», orquestada por su rival político.
En ese sentido, cuando Kirchner declaró como indagada en la causa Vialidad, en diciembre de 2019, se negó a responder preguntas de la Fiscalía y criticó duramente a los magistrados que la estaban juzgando.
«Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia», dijo, entonces, ante los tres jueces, a quienes ella misma había designado durante su gobierno.
En todo momento, se ha referido a la causa en su contra como un «lawfare» o un ataque jurídico en su contra.
«Cuando hablé del lawfare fui muy generosa; más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento», habría dicho, ante un tribunal.
«Esta suerte de pelotón de fusilamiento tuvo como objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros», señaló.
¿Y ahora?
Se estima que el próximo 9 de marzo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, integrado por Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, de a conocer los argumentos de su sentencia, luego de las vacaciones judiciales de verano.
Solo entonces, los abogados de Kirchner podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación. Incluso si ese tribunal ratifica la sentencia, la defensa aún podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, Cristina estará libre y podrá presentarse a elecciones en los comicios generales de octubre de 2023, e incluso extender sus funciones y disfrutar de inmunidad. Es decir, si su condena es ratificada, para que vaya a prisión primero deberá ser destituida a través de un juicio político.
Según BBC, aun así, Kirchner podría, eventualmente, cumplir una pena de prisión domiciliaria, ya que en febrero próximo cumplirá 70 años, la edad a partir de la cual se puede exigir ese beneficio.
Redacción Maduradas con información de BBC
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