“Se ha decidido fingir que hay instituciones independientes”, así lo señaló el viernes 1 de diciembre el periodista Luis Carlos Díaz sobre el proceso de revisión de las «inhabilitaciones» contra dirigentes políticos opositores, que se ha iniciado desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente controlado por el régimen de Nicolás Maduro.
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«Este es el documento publicado ayer que plantea una ruta para resolver las inhabilitaciones políticas en Venezuela, un mecanismo abusivo del poder que viola derechos humanos, niega justicia real y somete a la disidencia. El papel finge una institucionalidad que no es tal», expresó el comunicador a través de su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.
«Las inhabilitaciones fueron activadas por una orden superior. Pueden ser levantadas de igual forma. Pero no. Se ha decidido fingir que hay instituciones independientes en Venezuela y se obliga a opositores a acudir ante instancias ansiosas de reconocimiento», agregó.
En tanto, el TSJ —controlado por el régimen de Nicolás Maduro— revisará las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición, anunciaron el jueves 30 de noviembre las partes.
La medida permitirá a María Corina Machado, quien ganó la primaria opositora del pasado 22 de octubre, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años.
El chavismo y la oposición acordaron «un procedimiento» a través del TSJ para que los inhabilitados soliciten la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos.
En concreto, los inhabilitados deberán introducir un «recurso contencioso-administrativo» y una solicitud de «amparo cautelar» durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre.
El TSJ deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al régimen madurista para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.
«No he visto ningún progreso todavía, pero quedan ocho horas en el día, así que veremos qué han decidido hacer los venezolanos», afirmó más temprano el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el chavismo y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado para condiciones electorales en las presidenciales de 2024.
Las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.
ACATAR EL MARCO CONSTITUCIONAL
Hasta el miércoles, el propio jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, había asomado que podría producirse «un mecanismo» para lograr habilitaciones políticas, pero horas después Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo descartó.
Sin embargo, en este último acuerdo alcanzado se pide a los inhabilitados que recurran la medida «respetar la Constitución», «honrar y defender la patria», «acatar el marco constitucional» del TSJ y «rechazar cualquier forma de violencia» y acciones que atenten contra la soberanía.
Redacción Maduradas con información de AFP y La Patilla
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