El régimen chavista usó cartas recientes, firmadas por la reina Isabel II, para reforzar su reclamo sobre el oro almacenado en el Banco de Inglaterra. La correspondencia diplomática sería evidencia de que el Reino Unido reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
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Así lo argumentó Calixto Ortega, jefe del Banco Central de Venezuela (BCV) controlado por el chavismo. Si embargo, el fallo de la justicia londinense adjudica a Juan Guaidó, el cargo de presidente encargado o interino del país. Por tanto, es él quien debe administrar los recursos.
“Tres cartas firmadas por la Reina constituyen un cargo oficial”, dijo Ortega en París, mientras regresaba a Caracas desde Londres, donde discutió el tema con sus abogados.
«Nos están robando de manera descarada. Eso es piratería y robo», expresó el miércoles 3 de agosto Nicolás Maduro, en alusión a la decisión de la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres, quien falló el viernes 29 de julio a favor de la junta del BCV designada por Guaidó, en el caso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra y el cual era reclamado por el chavismo.
«Fíjense ustedes el oro que nos están robando de manera descarada e indignante en Londres para toda la comunidad venezolana, es operación de secuestro del oro venezolano depositado en las bóvedas del banco de Inglaterra por parte del BCV», dijo Maduro durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
«Eso es una piratería y robo. El mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra. En cualquier momento, a cualquier país le pueden robar sus reservas internacionales», agregó.
De acuerdo a la información reseñada por la agencia de noticias EFE, la jueza no ha autorizado al equipo del mandatario interino acceder a las reservas —debe determinarse en otra audiencia—, a pesar de que su junta se considera válida y Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el único presidente legítimo del país.
En consecuencia, se espera que haya una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluido si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que ha solicitado para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra.
Por su parte, la junta del BCV designada por Maduro ha indicado al mencionado medio de comunicación que se plantea recurrir el dictamen, para lo que tendría que pedir permiso en agosto, tras lo cual la magistrada daría su opinión en septiembre.
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LA BATALLA POR EL ORO VENEZOLANO
El régimen de Maduro, a través del BCV, lleva más de tres años intentando sin éxito recuperar unas 30 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en 1.000 millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Pero la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del BCV y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos de un régimen que califica de cleptócrata.
Con el argumento de necesitar el dinero para combatir la pandemia de COVID-19, Caracas se querelló en mayo de 2021 contra el Banco de Inglaterra y aseguró que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria.
La institución, que custodia fondos, dijo sin embargo encontrarse atrapada entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.
En julio de ese año el juzgado comercial falló a favor de la oposición, considerado que el reconocimiento de Guaidó por Londres como presidente encargado le otorgaba el poder de decir el futuro de los fondos.
El fallo del juzgado comercial fue anulado en octubre por la Corte de Apelación, que consideró ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, cuando en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como «presidente interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles».
Tres jueces consideraron que podía tratarse de una mera declaración política y que era posible que el ejecutivo siguiese reconociendo «de facto» al régimen de Maduro.
Londres anunció que «no reconocerá la legitimidad» de la nueva AN surgida de las elecciones del 2020 -sin la participación de casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%- que devolvieron el control del «Parlamento» a Maduro.
Desde entonces, el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del país, analiza desde el 19 de julio el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.
Redacción Maduradas con información de Bloomberg
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