Una treintena de exmandatarios iberoamericanos solicitaron el pasado viernes 6 de septiembre a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la «captura y detención inmediata» de Nicolás Maduro, de su segundo al mando, Diosdado Cabello, y de toda la cadena de mando en Venezuela.
Nicolás Maduro
«Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela», declaró el expresidente colombiano Andrés Pastrana a EFE. Pastrana presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la CPI en representación de los firmantes.
Entre los líderes que apoyan esta iniciativa se encuentran los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.
«Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luis Rodríguez) Zapatero», destacó Pastrana tras su encuentro con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.
Los firmantes, que pertenecen a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico las «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», así como los «crímenes de lesa humanidad» que atribuyen al régimen de Maduro, al que acusan de llevar a cabo «terrorismo de Estado».
Esta denuncia incluye también a los miembros del Ejército venezolano, a quienes se les señala como el principal soporte del régimen de Maduro. La acción se suma a la causa abierta en 2021 contra Venezuela por la CPI.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI inició una investigación formal contra Venezuela tras revisar las denuncias de varios países, incluyendo Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, señalando que en Venezuela se habrían cometido crímenes de lesa humanidad desde febrero de 2014. Sin embargo, hasta el momento, la investigación no se ha centrado en altos cargos específicos.
El informe presentado por los exlíderes se basa en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada el 29 de enero de 2020, que otorga a Maduro el rol de comandante en jefe, convirtiéndolo en la máxima autoridad militar del país. Pastrana subrayó que con esta ley, Venezuela deja de ser un Estado civil para convertirse en uno militar, haciendo a Maduro «directamente responsable» de las acciones a través de la cadena de mando.
«Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República», afirmó Pastrana, quien ofreció la cooperación de IDEA a la CPI para proporcionar pruebas y respaldo legal con el fin de acelerar la causa contra Venezuela.
Pastrana también expresó su preocupación por la situación en Venezuela, señalando los riesgos que enfrentan los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, así como los más de 1.200 presos políticos en el país.
Redacción Maduradas con información de EFE