Más de 20 personas han desaparecido en varias minas del estado Bolívar desde 2019, de acuerdo al último informe hecho público recientemente por la organización no gubernamental Fundaredes.
El Clarín
En su más reciente informe “Venezolanos víctimas de desaparición forzada en minas de estado bolívar son invisibles para el estado venezolano”, la ONG señaló que 18 de esas personas desaparecieron en el municipio Sifontes, que abarca unos 24.383 kilómetros cuadrados que albergan una gran cantidad de minas.
«Lo que ocurre en las minas, no solo del estado Bolívar sino también en Amazonas y Delta Amacuro, en relación con las desapariciones forzadas de ciudadanos que se han trasladado hasta las zonas mineras, provenientes de distintas partes del país en busca de mejores condiciones de vida, debe ser investigado por el Estado venezolano», reza parte del trabajo investigativo publicado en el portal web de la ONG.
Asimismo, se han documentado reiterados hechos violentos propiciados por grupos armados irregulares como la guerrilla de origen colombiano, bandas criminales o hampa común, y en algunos casos por funcionarios militares o policiales en la zona.
Por último, FundaRedes afirmó que desde que los grupos armados irregulares penetraron en el Arco Minero del Orinoco «los homicidios, las desapariciones forzadas de personas y la esclavitud moderna se han convertido en la cotidianidad de una población mayoritariamente indígena».
La iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente repudió en enero la minería de extracción en la zona que compone el Arco Minero del Orinoco y su uso como «fachada» para que grupos militares e irregulares armados operen en las zonas donde se extrae oro y otros minerales.
«La situación de la minería extractiva en Venezuela es cada vez más digna de repudio, pues el negocio del oro está en manos de empresas militares utilizadas como ‘fachadas de legalidad’ y de grupos armados irregulares que cooperan con la Fuerza Armada Nacional venezolana», denunció EPA en su cuenta de Twitter.
El proyecto, conformado por las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan, Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible, especificó que esta situación tiene lugar en la zona que comprende el Arco Minero del Orinoco, entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, donde se ubican «un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales».
Esta franja, con una extensión aproximada de 111.000 kilómetros cuadrados desde el territorio de la Guayana Esequiba hasta la frontera con Colombia, dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.
EPA recordó que se trata de una de «las zonas más ricas» que ha sido convertida en escenario de delitos de distinta índole, por causa de la extracción de las riquezas.
«Esto (la minería de extracción) ocasiona el detrimento de la soberanía nacional, convirtiendo una de las zonas más ricas en recursos naturales de la humanidad, en una tierra donde la miseria, la esclavitud y la muerte son la constante para quienes allí habitan», señaló el proyecto.
Redacción Maduradas con información de Fundaredes y EFE
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